Después de que el Gobierno presentase el pasado martes el cuadro macroeconómico, el primer paso para iniciar los trámites parlamentarios para fijar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado el segundo paso. El ministro ha concovado este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como a la Comisión Nacional de Administración Local, para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.
Durante el encuentro, fuente de Hacienda trasladan a El Independiente que la senda de estabilidad para las comunidades autónomas se situará en el 0,1% del PIB para el periodo 2027-2029,el mismo que se fijó en 2026. Es decir, "el margen de déficit para las comunidades asciende a 5.849 millones. Dicho de otra forma, votar en contra de los objetivos implicaría que las comunidades deberían realizar un ajuste de 5.849 millones".
Por su lado, ha marcado la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos. Es decir, el Gobierno y la Seguridad Social se quedará con el grueso del margen de déficit. En concreto, dado que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas fijado por Hacienda para 2027 es del 1,8% del PIB, esto significa que el Ejecutivo contará con el 1,7% del PIB para poder gastar por encima de los ingresos que obtenga en 2027, mientras que las comunidades autónomas solo dispondrán de un margen del 0,1% antes de incurrir en un incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Así, el Ejecutivo volverá a concentrar casi toda la capacidad de endeudamiento permitida para el próximo ejercicio, dejando un margen muy reducido a las comunidades autónomas.
Rechazo de las comunidades autónomas
En comparación con el ejercicio anterior, el Gobierno reduce el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones públicas en tres décimas, desde el 2,1% del PIB fijado para 2026 hasta el 1,8% previsto para 2027. Sin embargo, mantiene sin cambios el margen asignado a las comunidades autónomas, que seguirá siendo del 0,1% del PIB. Por tanto, este porcentaje "refleja que las comunidades no tendrán que hacer ningún esfuerzo fiscal durante el período, a diferencia de la Administración central", que asumirá íntegramente el ajuste necesario de tres décimas para cumplir la nueva senda de consolidación fiscal.
Además, fuentes de Hacienda han comunicado a las regiones que la regla de gasto para 2027 será del 4%, de forma que el incremento del gasto computable no podrá superar este porcentaje. Y a ello se suma que la financiación autonómica continuará creciendo: "La financiación total, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8%", indican las mismas fuentes.
No obstante, los consejeros autonómicos de Hacienda han vuelto a mostrar su rechazo a la propuesta del Gobierno, ya que desde hace años reclaman un mayor margen de déficit para poder afrontar el incremento del gasto. Sin embargo, esta oposición no impedirá que la senda de estabilidad salga adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Estado dispone de mayoría suficiente para aprobarla.
La verdadera prueba llegará después en las Cortes Generales. Una vez el Consejo de Ministros dé luz verde a los objetivos de estabilidad, estos deberán ser convalidados por el Congreso y el Senado.
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