Acostumbrado a realizar grandes anuncios en materia de vivienda en cada arranque del curso político, el presidente del Gobierno no adelantó este lunes ninguna inversión multimillonaria ni prometió levantar cientos de miles de viviendas más. Pedro Sánchez se limitó a decir que la política del Gobierno en la materia va "en la dirección correcta" y que, si los efectos de sus políticas no se notan, es porque las Comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP no reman en la misma dirección.
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El líder socialista defendió que el mercado "está roto y dislocado", lo que justifica en su opinión una "intervención" pública ante la falta de autorregulación por la ley de la "oferta y la demanda". Y esa "intervención" llega en forma de una especie de portal inmobiliario mediante el que el Gobierno anunciará y permitirá solicitar viviendas de alquiler a precio "asequible".

A imagen y semejanza de los grandes portales de internet, el Ejecutivo ofrecerá con esta plataforma las viviendas disponibles de la empresa pública Casa 47. Se trata de la reconversión de la antigua sociedad estatal de suelo (Sepes), en la que se han integrado 40.000 viviendas de la Sareb, el denominado 'banco malo' nacido de la absorción de activos tóxicos de la crisis del ladrillo de 2008.

Sánchez definió el nuevo portal inmobiliario como "una apuesta sin precedentes por la accesibilidad a la vivienda pública". Pero en su puesta en marcha apenas cuenta con 638 viviendas disponibles. Y no se encuentran ubicadas precisamente en los grandes núcleos urbanos, donde el problema de los precios del alquiler es más acuciante.

Más bien se sitúan en su mayoría en localidades aisladas, de pocos habitantes, y alejadas de las grandes urbes. En concreto, se reparten en cinco comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana concentra 407 inmuebles; Galicia, 99; Cataluña, 93; Navarra, 34; y Asturias, 18.

En el caso de la Comunidad Valenciana, en Valencia capital y Alicante capital no hay ninguna disponible, y en Castellón apenas son una decena. La mayor concentración aparece en municipios como Pedreguer, Dénia, Xilxes, Benicarló, Vila-real, Carlet o Turís.

En Galicia ocurre algo similar, sin ninguna de las 99 en A Coruña ciudad. La mayoría se reparte entre municipios como Carral, Ribeira, Arteixo, Boiro, Ares o Cedeira. Por su parte, las 93 viviendas de Cataluña se encuentran fundamentalmente fuera de Barcelona y Tarragona. En cuatro municipios de la provincia de Tarragona —La Ràpita, El Vendrell, Amposta y La Pobla de Mafumet— hay 56.

El caso de Navarra es aún más gráfico: las 34 viviendas disponibles están en Lekunberri, un municipio de menos de 2.000 habitantes, a media hor en coche de Pamplona. La única excepción Asturias, donde las 18 viviendas de la convocatoria están en la ciudad de Gijón.

Según anunció Sánchez, está previsto incorporar otras 1.500 viviendas próximamente al nuevo portal inmobiliario de Casa 47. Todas ellas gozarán de carácter protegido para siempre y no podrán dejar de formar parte del parque público.

Los inquilinos que logren las viviendas tras los correspondientes sorteos ante notario, tendrán contratos con una duración inicial de 14 años con posibilidad de ampliarse hasta los 75. El jefe del Ejecutivo sostuvo que los precios estarán adaptados a "la realidad de cada municipio y cada territorio".

Solo 468 por debajo de 600 euros

Del análisis de las viviendas disponibles se desprende que algunas llegan a superar los 1.060 euros en algunas zonas de la Comunidad Valenciana. Solo 468 están disponibles con una renta mensual inferior a los 600 euros. De ellas, solo 122 tienen un mínimo de tres habitaciones.

En todo caso, el objetivo del Gobierno es que los inquilinos nunca tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler. Se trata de una medida principalmente dirigida a hogares de rentas medias y trabajadoras. Según las bases, la unidad de convivencia debe no ser propietaria de otra vivienda y debe acreditar unos ingresos conjuntos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Aunque en cada convocatoria hay unos baremos distintos.

Además, todos sus miembros deben cumplir los requisitos administrativos exigidos y, en cada vivienda, la composición del hogar y sus ingresos deben ser compatibles con el tamaño y el alquiler del inmueble.

120.000 casas "movilizadas"

Ante la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, concedió el presidente que "tener una vivienda se ha convertido en una aspiración idealista y casi imposible" para muchos españoles. Pero también echó balones fuera al alegar que la situación que atraviesa el mercado "no es única de España". "Se da en otros muchos países del mundo y, particularmente, de la Unión Europea", enfatizó.

De momento, Sánchez presumió de que el Gobierno ha logrado ya "movilizar" con el Plan Estatal de Vivienda más de 120.000 viviendas de alquiler asequible. Asimismo, destacó que en el primer trimestre de 2026 se han licitado 2.800 nuevas viviendas; "el mayor volumen de licitación pública de los últimos 18 años".

Aunque el término movilizado es algo ambiguo, pues engloba muchos estados posibles de los inmuebles que no son, en ningún caso, viviendas listas para entrar a vivir. Tanto los activos de la Sareb integrados en Casa 47 como 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 viviendas "se irán poniendo a disposición de los ciudadanos de forma progresiva, a medida que reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias", recuerdan desde el Gobierno.

Tras haberlas traspasado a Casa 47, muchas de esas viviendas necesitan aún un proceso de rehabilitación, adaptación, regularización, obras y, en algunos casos, incluso requiere de una transformación urbanística.

La entidad también ha incorporado suelos e inmuebles procedentes del Ministerio de Defensa, con el objetivo de movilizar unas 20.000 viviendas. Ahí se incluyen actuaciones en el denominado barrio de Campamento, en Madrid, y en antiguos cuarteles de Valencia y Sevilla. También ha recibido ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios procedentes del ministerio del Interior, que permitirán construir otras 1.332 viviendas protegidas y asequibles.

A ello se suma una convocatoria de 100 millones de euros para comprar viviendas en el mercado, destinada a incorporarlas al parque estatal. Como última pata está la construcción propia.