UGT y CCOO reclaman una subida del 7% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 y aumentos salariales de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos, con la vivienda como eje de la huelga general del 11 de noviembre y a las puertas de la campaña preelectoral del 29 de noviembre.
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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno que "el salario mínimo interprofesional tiene que subir en las próximas fechas al menos ese 7%, que lo eleve por encima de los 1.300 euros mes por 14 pagas, más de 1.500 euros al mes si lo computamos en 12 pagas". Actualmente el salario mínimo se sitúa en los 17.094 euros brutos anuales, con su propuesta alcanzaría los 18.290 euros.

La petición se enmarca en la plataforma reivindicativa que ambas organizaciones han presentado para la huelga general de 24 horas convocada para el próximo 11 de noviembre, con la que pretenden trasladar a los centros de trabajo la movilización social por el acceso a la vivienda.

Sordo ha defendido que la subida salarial debe tener en cuenta el repunte de los precios y la situación de los trabajadores con menores ingresos. El secretario general de CCOO ha recordado que la inflación se situó en el 4,9% en septiembre, según el indicador adelantado del INE, seis décimas por encima de agosto. "Hay que subir los salarios, pero el problema de la vivienda es sobre todo el problema de la vivienda", ha señalado, al advertir de que ningún incremento salarial puede compensar por sí solo una subida interanual del precio de la vivienda del 12% anual. Por ello, los sindicatos defienden que los trabajadores con sueldos más bajos deben recibir los mayores incrementos y sitúan la subida del SMI en al menos el 7%.

Más de un año sin renovar el acuerdo salarial

Además de la subida del salario mínimo, UGT y CCOO han reclamado a la patronal que retome la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco que orienta las subidas salariales y otros criterios para la negociación de los convenios sectoriales y territoriales. Y es que, el último acuerdo, firmado por las organizaciones empresariales y sindicales en mayo de 2023, tenía vigencia para los años 2023, 2024 y 2025.

Por ello, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha denunciado que los sindicatos llevan más de un año esperando a la CEOE para sentarse a negociar su renovación y ha asegurado que hay convenios colectivos bloqueados en distintos ámbitos. No obstante, las organizaciones sindicales ya tienen clara la subida: de entre el 4% y el 7%, en función del sector y del nivel de los sueldos, además de recuperar las cláusulas de revisión salarial para proteger el poder adquisitivo.

Vivienda

La vivienda constituye, no obstante, el eje central de la convocatoria. Los sindicatos vinculan la pérdida de capacidad adquisitiva con la dificultad de los trabajadores para acceder a un alquiler o comprar una casa, especialmente en las zonas donde los precios crecen con mayor intensidad. Entre sus propuestas figuran crear un parque público permanente de vivienda asequible, limitar los alquileres en las zonas tensionadas, restringir el uso turístico de los pisos y evitar los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional.

Además, Sordo ha planteado destinar hasta el 1% del PIB durante una década para impulsar un parque de 1,5 millones de viviendas asequibles, mientras que UGT propone un fondo para construir 100.000 viviendas al año.

Los sindicatos rechazan dar más poder a las mutuas

La plataforma también incorpora el debate sobre las bajas laborales. La patronal ha defendido una mayor participación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para agilizar los procesos de incapacidad temporal, dado el colapso del funcionamiento del sistema sanitario público. Los sindicatos, por el contrario, reclaman reforzar los recursos de la sanidad pública y rechazan que las mutuas asuman la capacidad de dar el alta médica en las bajas por contingencias comunes, una competencia que actualmente corresponde a los facultativos del sistema público.

"Es poner al zorro o a la zorra a cuidar las gallinas", ha afirmado Sordo al cuestionar que entidades vinculadas a las empresas puedan decidir sobre el alta de los trabajadores. Por ello, el dirigente de CCOO ha reclamado que si finalmente las mutuas intervienen, habrá que "cambiar la naturaleza de las mutuas y que sus órganos de dirección respondan al interés general, y no solo al empresarial".

La disputa también afecta al coste de las prestaciones. En junio, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi reclamó a la Seguridad Social que, mientras no se adopten otras reformas, el Ministerio debería hacerse cargo de la cotización y la prestación que actualmente abonan las empresas entre los días 4 y 15 de baja, teniendo en cuenta que cerca del 69% de los procesos de incapacidad temporal duran menos de dos semanas. 

Ante ello, Sordo ha recordado este martes que las empresas asumen el pago de las bajas por contingencias comunes entre el cuarto y el decimoquinto día porque así fue el compromiso que se acordó con las organizaciones empresariales en los años setenta a cambio de una reducción de las cotizaciones sociales. Pues bien, según los cálculos de los sindicatos, las empresas pagan alrededor de 4.200 millones de euros anuales por estas prestaciones que Garamendi pide dejar de abonar y cada punto de cotización social adicional equivale a unos 4.000 millones de euros. Por ello, ha advertido de que, si la patronal reclama dejar de asumir este coste, los sindicatos plantearán recuperar las cotizaciones que se redujeron en el pasado, lo que podría encarecer los costes empresariales en unos 16.000 millones de euros.