La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aprobación de dos reales decretos-ley que movilizan 180 millones de euros para impulsar la vivienda asequible en zonas de mercado residencial tensionado y otros 45 millones adicionales para crear 2.000 plazas de alojamiento para estudiantes, docentes e investigadores universitarios en distintos puntos del país. De esta forma, las nuevas medidas se suman a los dos decretos sobre vivienda impulsados anteriormente por el Gobierno, en una sucesión de anuncios con los que el Ejecutivo busca responder en cuestión de días a una crisis que lleva años enquistada. Sin embargo, ninguno de los nuevos textos contempla una rebaja de los impuestos que soporta la compra de una vivienda.
Precisamente, reducir la fiscalidad es la principal demanda de los ciudadanos. El Barómetro de Vivienda de 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado en octubre, recoge que el 94,5% de los más de 6.000 encuestados respalda bajar los impuestos para comprar una primera vivienda. Se trata de la medida más apoyada socialmente de toda la encuesta. Y no es para menos. Según un informe del Consejo General de Economistas que se publicará a finales de año y al que ha tenido acceso El Independiente, los impuestos representan el 24% del valor final de una vivienda nueva.
Esta cifra no solo incluye el IVA del 10% que se aplica a la compra de una vivienda nueva —un tipo que el Gobierno no se plantea reducir al 4% superreducido—, sino también los impuestos que gravan las distintas fases del proceso inmobiliario. Según explica Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), "el promotor repercute en el precio final los impuestos que ha ido pagando durante la promoción, desde el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) hasta los tributos asociados a la división horizontal, entre otros". De esta forma, la carga fiscal se acumula desde la adquisición del suelo hasta la venta de la vivienda al comprador.
Hacienda concentra el 52% de los impuestos que gravan la vivienda
Por ejemplo, tomando como referencia el precio medio anunciado por Idealista, de 2.930 euros por metro cuadrado, y una superficie media de 106,5 metros cuadrados según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), la casa media en España tendría un precio aproximado de 312.000 euros. Si se aplica la estimación del 24% del Consejo General de Economistas, la parte correspondiente a los impuestos rondaría los 75.000 euros.
Además, el informe del Consejo General de Economistas (CGE) también permite aproximar cómo se distribuye esta carga tributaria entre las distintas administraciones públicas. A partir del ejemplo práctico que elaboran, se concluye que el Ministerio de Hacienda concentra el 52,17% de los impuestos, frente al 21,93% de las comunidades autónomas y el 25,90% de las entidades locales.
Es decir, si se extrapolan estas proporciones a los cerca de 75.000 euros de carga fiscal estimada para una vivienda de 312.000 euros, aproximadamente unos 39.000 euros se embolsaría la Administración estatal, otros 16.400 euros las comunidades autónomas y 19.400 los ayuntamientos.
De hecho, el secretario técnico del REAF señala que durante la elaboración del informe les llamó "poderosamente" la atención lo que sucedía con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Y es que, en el ejemplo que ponían, "llegaba a pagarse hasta en siete ocasiones" a lo largo del proceso. Esta acumulación de gravámenes en las distintas fases de la promoción inmobiliaria encarece el coste final de la vivienda, por lo que una simplificación de la fiscalidad podría contribuir a reducir la carga tributaria que soporta el comprador y aliviar, al menos en parte, las barreras económicas de acceso a la vivienda.
52.200 millones de euros de recaudación
El volumen de ingresos públicos vinculados a la vivienda da una idea de la dimensión fiscal del sector. Según el informe La fiscalidad de la vivienda en España, publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en 2025 con la participación del Consejo General de Economistas, los tributos relacionados con la vivienda generaron 52.200 millones de euros en 2024, lo que supone el 18% sobre el total recaudado, es decir, casi 1 de cada cinco euros ingresados.
Por tributos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) fue el que mayor recaudación ingresó, con unos 14.000 millones de euros. Le siguieron el IVA, con 11.000 millones; el ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), con 8.000 millones; el IRPF, con 6.500 millones, y el Impuesto sobre Sociedades, con 5.000 millones.
El resto de los ingresos se distribuyó entre el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que aportó 2.500 millones; las plusvalías municipales, con 2.000 millones; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con 1.700 millones; el Impuesto sobre el Patrimonio, con 900 millones, y las tasas por licencias de obras, con 600 millones de euros.
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