Las inmobiliarias avisan de que aprobar el decreto de vivienda 'por la puerta de atrás' reducirá la oferta

La decisión del PNV de allanar con su voto favorable la convalidación del decreto de vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros ha vuelto a encender todas las alarmas en el sector inmobiliario. Tras anunciar Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales, el Gobierno pretende usar la mayoría que tiene en la Diputación Permanente del Congreso para aprobar un texto muy similar al que tumbó hace unos días el Pleno de la Cámara Baja, con el voto en contra de Junts.

Como no necesita el apoyo de los independentistas catalanes en el órgano que permanece activo hasta que se conformen nuevas Cortes, Pedro Sánchez logrará convalidar un texto que introduce profundos cambios en la normativa sobre alquileres.

El texto anteriormente tumbado ya había puesto en alerta a consultoras, agencias y empresas inmobiliarias en general. Pero ahora se aprueba con algunos cambios. Por ejemplo, obligará a los caseros a renovar obligatoriamente los contratos por dos años más si los inquilinos así lo solicitan y están al corriente de pago. Y no permitirá subir los precios más de un 2% o nada siquiera si las rentas están por encima del índice de precios que aprobó el propio Gobierno.

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) creen que lejos de aprobar normas en un órgano parlamentario como la Diputación Permanente, "el enorme reto que representa la vivienda exige un diálogo profundo, una reflexión reposada y una visión de largo plazo que permitan abordar sus causas estructurales y construir soluciones capaces de mantenerse en el tiempo".

Desde ACI señalan además que cualquier nueva medida debería ir dirigida a "incrementar la oferta allí donde existe una mayor presión de la demanda". Y no podrá alcanzarse sin seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, ni medidas que permitan movilizar inversión. La preocupación que traslada la asociación que agrupa a gigantes del sector como CBRE, Colliers, Knight Frank, Savills, Cushman o JLL, es que se produzca "un efecto contrario al que se pretende alcanzar sobre la oferta disponible".

Las consultoras se muestran especialmente preocupadas por la intervención sobre el mercado del alquiler de la que hizo gala el jefe del Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros. Y advierten de que esas "medidas que alteran las condiciones económicas y contractuales puedan incrementar la incertidumbre regulatoria, reducir el atractivo y dificultar la movilización del capital necesario para aumentar la oferta de vivienda".

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) critica que la política de vivienda "no puede depender de normas improvisadas y sin consenso parlamentario". La patronal inmobiliaria acusa al Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar de "profundizar la desconfianza y alejar la posibilidad de alcanzar un acuerdo estable en materia de vivienda".

La petición de todo el sector es clara. Que las reglas que marquen el mercado de la vivienda sean "claras, previsibles y duraderas". "La sucesión de cambios legislativos, anuncios y rectificaciones dificulta la toma de decisiones de propietarios, inquilinos, compradores, inversores y empresas", sentenció este martes el presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas. Además, advierte de que "genera un escenario en el que la incertidumbre termina condicionando la disponibilidad de vivienda".

El Gobierno aprobó en su reunión de este martes dos decretos. El impulsado por Sumar, que contemplaba una especie de prórroga indefinida de los alquileres ni siquiera entrará en vigor hasta que se vote en el Congreso su convalidación. El Ejecutivo da por hecho que no saldrá adelante, por lo que introducirá una disposición que fije su entrada en vigor a expensas de esa votación.

El que fue tumbado por la Cámara Baja sí estuvo unas horas en vigor. Desde que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta que los diputados lo tumbaron en votación.

"Desde nuestro punto de vista, esta situación genera una notable inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos. La ausencia de un régimen transitorio claro obligará previsiblemente a analizar cada caso en función de sus fechas y circunstancias concretas y puede dar lugar a nuevas controversias judiciales", dicen desde el bufete de abogados AC&G.