El Gobierno suaviza las exigencias a los centros de datos y les da cinco años para adaptarse a las renovables

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva propuesta de Real Decreto para regular los centros de datos en la que suaviza las exigencias que había planteado en su primer proyecto para definir un marco regulatorio con el que poner orden al desarrollo de este negocio.

Así, tras el periodo de alegaciones -con más de 600 recibidas-, las críticas abiertas tanto del sector de los 'data centers' como del energético, y después de que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abogara por flexibilizar las obligaciones de que los centros de datos consuman un 80% de renovables todas y cada una de las horas del día y que la electricidad proceda solo de plantas verdes de nueva construcción.

De esta manera, ante un riesgo de sufrir una paralización de las inversiones, el Ejecutivo ha optado por darle una nueva vuelta a su propuesta, que pretende aprobar antes de las elecciones generales, convocadas para el próximo 29 de noviembre, según Europa Press.

No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consideraron que el nuevo texto "mantiene la ambición y los elementos clave de la propuesta sometida a información pública para evitar los efectos adversos que un desarrollo descontrolado de las instalaciones produciría sobre los recursos hídricos y el precio de la electricidad, introduciendo mejoras técnicas".

En concreto, el nuevo texto, frente al anterior que se aplicaba a centros a partir de una potencia de acceso igual o superior a 1 megavatio (MW), eleva ahora sustancialmente ese umbral a partir de 10 MW, "por ser aquellos cuya demanda tiene incidencia apreciable sobre la capacidad de red disponible y sobre los recursos hídricos y territoriales", que deberán consumir mayoritariamente energía renovable hasta que el mix del país sea un 90% renovable, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, se amplia de los 18 meses del texto que se lanzó a consulta a finales de agosto a 36 meses la ventana temporal de antigüedad permitida para el acta de puesta en servicio de las plantas renovables asociadas frente a la puesta en marcha del centro de datos -sin límite de tiempo en el caso de instalaciones solares-, con contratos de al menos seis años de duración.

También se aclara el suministro con almacenamiento de cara a su cómputo cuando provenga de generación renovable, como sucede con las instalaciones híbridas.

Para cumplir estos requisitos de correlación horaria y adicionalidad de renovables, los centros de datos tendrán, como se establecía en la propuesta inicial, la opción de justificar desde el primer momento un 80% de consumo hora a hora, aunque ahora se abre la ventana a otro opción.

Desconectados en caso de necesidad, sin retribución

Así, también podrán acogerse a un régimen transitorio de cinco años máximo hasta llegar al 80% de correlación, en los que participarán en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), de forma que el operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE)- les desconecte automáticamente en caso de necesidad. Este procedimiento será sin retribución y serán la primera tipología de instalaciones en ser desconectada.

Igualmente, deberán justificar un 60% de consumo de renovables durante las horas punta (P1) de su nivel de tensión -las más caras y con más demanda- hasta el 31 de diciembre de 2028 y de 70% de consumo de renovables en las horas punta y llano (P1 y P2) de su nivel de tensión desde el 1 de enero de 2029 hasta el final del período transitorio.

Por otra parte, atendiendo a las tensiones hídricas en España, los centros de datos tendrán que cumplir con los niveles más elevados del etiquetado europeo relativos al consumo de agua (WUE).

En el caso de la eficiencia energética (PUE), el Ministerio establecerá una metodología que exija la aplicación de la mejor tecnología en función de las distintas zonas climáticas del país -de un modo similar a las exigencias de eficiencia energética de los edificios-, para garantizar el mínimo consumo de agua en todos los casos. Se establece un plazo de seis meses de adaptación a los centros de datos desde su puesta en marcha para cumplir estos requisitos.

A este respecto, fuentes ministeriales destacaron que otros países están preparando normativa para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible de los centros de datos, pero la propuesta española "es la más ambiciosa y garantista hasta la fecha".