La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha acelerado los tiempos en el Ministerio de Trabajo. Su titular, Yolanda Díaz, ha propuesto elevar un 5,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas (18.004 euros anuales). Una subida que supera las dos alternativas planteadas por la comisión de expertos: un 2,7% para situarlo en el 60% del salario medio neto y un 4,9% para evitar que pierda poder adquisitivo.
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Al entregarles el mandato a los expertos, la ministra les pidió expresamente que buscasen una subida que "permitiese que no existiera pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo", tomando como referencia la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). La ministra justificó esta petición por el repunte de la inflación provocado por la guerra en Irán y por el impacto que tiene sobre los hogares con menores ingresos, más expuestos al encarecimiento de productos básicos como el transporte o la vivienda. Sin embargo, la evolución del salario mínimo desde 2017 permite poner en perspectiva este argumento.

La inflación aumenta un 30% y el SMI, un 73%

En 2017, el salario mínimo se situaba en los 708 euros brutos al mes en 14 pagas (9.908 euros anuales). Después llegó la recuperación económica, tras una dura y larga crisis económica, y el cambio de Gobierno, donde Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo hizo del SMI una de sus banderas. Y en 2019, la ministra aprobó una subida histórica: del 22,3%, que elevó la cuantía hasta los 900 euros mensuales. Desde entonces, el salario mínimo ha seguido una senda ascendente, con sucesivas revalorizaciones que lo han situado en los 1.221 euros mensuales en 2026 (17.094 euros anuales).

Así, en apenas nueve años, la cuantía ha aumentado un 72,5%. Por su lado, la inflación lo ha hecho un 29,6% en el mismo periodo. Es decir, el incremento del salario mínimo ha sido casi dos veces y media superior al de la inflación acumulada. Por tanto, esta comparativa indica que quienes cobran el salario mínimo han ganado poder adquisitivo, a diferencia de lo que ha ocurrido con la gran mayoría de asalariados de España.

Los expertos recomendaban una subida menor

Con este recorrido de fondo, la inflación se ha situado en el punto de mira del Ministerio de Trabajo de cara a la próxima revalorización del salario mínimo. La comisión de expertos planteó dos escenarios para 2027 a fin de cumplir con el mandato de Díaz sobre que los preceptores no perdiesen poder adquisitivo.

Los expertos plantearon una primera alternativa que consistía en elevarlo un 2,7%, hasta los 17.554 euros brutos anuales, para situarlo en el 60% del salario medio neto a tiempo completo. Sin embargo, el informe advertía que: "La variación anual [del IPC] se sitúa, según el avance para el mes de octubre de 2026, en un 4,9%". Por ello, concluyen que mantener el salario mínimo en el umbral del 2,7% "no permitiría mantener el poder adquisitivo del mismo".

Y, ante esta situación, la comisión considera "razonable" aplicar una segunda alternativa: "proceder a un aumento del SMI que permita mantener su poder adquisitivo". Es decir, un incremento del 4,9%, siempre que se mantenga la exención del SMI en el IRPF, como ya ha anunciado el Gobierno.

No obstante, Trabajo ha decidido ir un paso más allá y finalmente ha planteado un incremento del 5,3%. Cuatro décimas por encima de la recomendación más alta de los expertos y de la tasa de inflación interanual registrada en octubre. De hecho, la diferencia también se aprecia al compararla con la evolución media de los precios: entre enero y octubre, el IPC acumuló un avance del 3,5%, mientras que las previsiones del Banco de España apuntan a que la inflación media cerrará el año en el 3,9%.

CEOE y Cepyme denuncian el uso electoral de la subida

La propuesta de Trabajo ha enfurecido a las organizaciones empresariales, tanto en la forma de anunciarla como en el contenido. CEOE y Cepyme concluyen que el incremento del 5,3% representa "una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales".

Además, ambas patronales reprochan en un comunicado el procedimiento seguido por el Ministerio. Según denuncian, Trabajo les convocó en la tarde de este miércoles para presentar el informe de los expertos, que "previamente había sido filtrado a los medios de comunicación", y llevar a cabo "un supuesto proceso de diálogo". Sin embargo, aseguran que durante la reunión "no se articuló ninguna propuesta" y tuvieron que volver a conocer por la prensa que en la noche de este mismo miércoles, el Ministerio decidió fijar una subida del 5,3%.

Ante las maniobras de Yolanda Díaz para sacar adelante la subida, los empresarios reclaman que la decisión quede en manos del Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre y que la negociación con los agentes sociales se retome a partir de diciembre. Ambas organizaciones aseguran que comparten el objetivo de mejorar las rentas más bajas, pero defienden que cualquier incremento debe tener en cuenta su impacto sobre el empleo y la competitividad empresarial, especialmente en las pequeñas compañías y en los sectores más intensivos en mano de obra.