El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en uno de los asuntos económicos que han entrado en el debate político de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La prestación, aprobada en junio de 2020 por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, nació en plena pandemia para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Seis años después de su puesta en marcha, la ayuda acumula un gasto público de casi 23.500 millones de euros y protege a 2,8 millones de personas, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Seguridad Social. Con estas cifras sobre la mesa, el diseño y la eficacia del ingreso mínimo vital se han convertido en objeto de debate político y entre los expertos.

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Por un lado, en el marco de la "prioridad nacional", Vox plantea en la medida número 22 de su programa electoral que "El Ingreso Mínimo Vital atenderá únicamente las necesidades de los españoles con menos recursos. Se promoverá el retorno de aquellos inmigrantes que estén cobrando el IMV o sus complementos autonómicos".

Una propuesta que también incluye el programa electoral del Partido Popular, aunque con un planteamiento distinto. El candidato a la presidencia por el PP, Alberto Núñez Feijóo, explicó durante la entrevista con Jordi Wild, que "no se puede hacer nada fuera de la ley" y que la normativa decía que "es ilegal dentro de los tratados de la Unión Europea" establecer la nacionalidad como determinante a la hora de acceder a una ayuda.

No obstante, Feijóo señaló que esta prioridad la articularán modificando los criterios de acceso, así no se incumplirá ninguna ley: "El censo histórico para una vivienda oficial o para una ayuda social es un requisito que se puntuará de acuerdo con la antigüedad que acordemos. Y por tanto el español tendrá muchas más posibilidades que una persona que lleva residiendo 15 años. Y a partir de ahí vendrán otras prioridades y otros requisitos". De esta forma, el líder del PP defendió que se valoraría el arraigo de los solicitantes, entre otros aspectos, sin establecer la nacionalidad como condición de acceso. "Las prioridades tienen que ser objetivas y legales", resumió.

La AIReF y el Tribunal de Cuentas critican el diseño del IMV

Además, Feijóo defendió que el ingreso mínimo vital debía servir de apoyo a quienes atraviesan dificultades económicas, pero funcionar al mismo tiempo como un puente hacia el mercado laboral, como un "camino hacia el empleo". Para ello, el PP propone que los perceptores tengan la obligación de aceptar empleos acordes con su formación y capacidades. En caso de que rechacen trabajar de forma reiterada, la cuantía de la prestación se iría reduciendo progresivamente hasta desaparecer.

Y es que, precisamente, la permanencia de los hogares en la prestación es uno de los aspectos que ha cuestionado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según recoge su Quinta Opinión sobre el IMV, el 46% de los hogares que accedieron a la ayuda seguía percibiéndola cinco años después, una proporción que refleja las dificultades para abandonar la prestación.

Un hallazgo que se complementa con la Cuarta Opinión. En este documento, el organismo independiente concluía que cobrar esta ayuda reducía un 12% la probabilidad de trabajar durante los primeros seis meses. Un desincentivo que se elevaba al 23% entre los perceptores con importes superiores a la media, al 20% en los hogares monoparentales y al 29% entre los menores de 30 años.

(Noticia en ampliación...)