Coge el avión como quien coge el metro, pero no viaja, “trabaja lejos”, como decía su hija de pequeña. A caballo entre Madrid y Bruselas, Nuria Díaz Abad es presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) y miembro de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. “El objetivo es la colaboración entre países y permitir que el intercambio de opiniones sirva para garantizar la efectividad de la justicia”, explica.

De momento, este objetivo se está cumpliendo, según los últimos informes de la Comisión Europea: “En digitalización, en temas de resolución relativas a conflictos o de mediación se ha hecho un gran esfuerzo. En estos aspectos de calidad, España está dando una buena imagen”, enumera Díaz. Pero todavía hay una asignatura pendiente: la percepción de independencia. Según los datos de la CE, el 58% de los españoles consideran «mala» (39%) o «muy mala» (19%) la situación judicial. Unos datos que nos dejan a la cola de Europa, sólo por delante de Bulgaria, Croacia y Eslovaquia.

Un país cuya Justicia funcione bien “genera más confianza y atrae más inversión”

Estas cifras no son demasiado relevantes para la presidenta de la RECJ, que entiende que se trata de un aspecto subjetivo dado que recoge las opiniones de ciudadanos y empresas a través de una encuesta. Pese a ello, esta percepción debe mejorar y un aspecto determinante, a juicio de Díaz, pueden ser las puertas giratorias. Aunque valora que «en la encuesta del Foro Económico Mundial hemos mejorado», la red ya ha pedido información al resto de países para tomar medidas y mejorar estas cifras en el informe del próximo año. Ella no tiene duda: «Mi percepción es que la Justicia es independiente».

Díaz, que ha ejercido durante 16 años como abogada del estado ante el Tribunal de Justicia de la UE, siempre ha centrado su mirada en asuntos internacionales con Europa como objetivo: “Creo que es el puesto natural de España y el proyecto europeo es ilusionante. La situación de la UE requiere de un impulso que se quiere dar ahora con una Europa a dos velocidades y España tiene que estar a la cabeza”, explica.

Para ello, desde la red que preside trabajan codo con codo con la Comisión Europea. “La comisión insiste en ver no solo que haya garantías formales de independencia judicial en los estados miembros, sino de cómo se llevan a la práctica. Y ahí la labor de la red es muy buena porque proporcionamos datos concretos”.

El papel de esta institución, que nació en 2003, cuando la UE puso en marcha el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, influye incluso en el desarrollo económico de la Unión Europea, según la presidenta de la RECJ, que argumenta que un país cuya Justicia funcione bien “genera más confianza y atrae más inversión”.

Vulneración de Derechos

La RECJ está formada por 24 instituciones de 20 estados miembros -hay estados que tienen distintas instituciones-. Los otros ocho estados que no tienen consejo, como Alemania, son socios observadores. También lo es el Tribunal de Justicia de la UE así como cuatro países candidatos a la adhesión, como explica la presidenta de la RECJ. El quinto, Turquía, quedó suspendido del estatuto de observadores por incumplir los estándares de la red.

El trabajo de este organismo es estudiar el funcionamiento judicial de cada país a través de unos estándares o mejores prácticas para garantizar la independencia de las instituciones. En la actualidad, su foco de atención está en Polonia. «Es el primer estado miembro al que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento por vulneración del Estado de Derecho», apunta Díaz. «Hay dos recomendaciones que se centran en la reforma del Tribunal Constitucional, pero últimamente la comisión está examinando otras cuestiones que afectan también al Poder Judicial ordinario».

“La mujeres irán llegando a los altos cargos judiciales”

Hace apenas unas semanas, el Congreso de los Diputados reclamaba más proporcionalidad entre hombres y mujeres en la carrera judicial. Lo cierto es que, en el Tribunal Supremo, la cifra de mujeres es del 12%, un porcentaje que aumenta al 34% en los tribunales de segunda instancia y al 60% en los de primera instancia. «Las mujeres irán llegando a los altos cargos judiciales», afirma contundente Díaz. «Es cuestión de tiempo porque en las promociones más antiguas, que son las que por ley natural tienen más opciones de llegar al Supremo, había menos mujeres».

Ella pertenece a la promoción del 92 y reconoce una gran evolución desde entonces. «Antes éramos 25 mujeres en un grupo que tiene unos 650 miembros. Ahora ya la promoción es mucho mayor porque hay más mujeres y hay más posibilidad de llegar a puestos que antes era más difícil». Un informe del CGPJ avala estas palabras. Según la publicación, las mujeres representan ya el 64% de los jueces y magistrados en activo menores de 50 años, mientras que en la franja de edad de más de 50 años, la cifra se invierte.

Una agenda internacional y los vuelos constantes han sido su día a día desde que comenzó como abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero eso nunca ha sido una barrera. «La clave es organizarse», apunta. Esa organización de la que habla incluye el «euromadrugón a Bruselas», como ella lo llama. Esto es, coger el avión de las 6.20 horas para volver por la noche. «Llego a Bruselas e intento volver lo antes posible. No tengo el concepto de viaje como si fuera algo más esporádico». Tampoco sus hijos, que ya son mayores pero que han crecido con la intensa actividad de su madre. «Mi hija decía cuando era pequeña: mamá no va de viaje, va a trabajar lejos».

A los jóvenes que empiezan su carrera, Díaz les anima a estudiar idiomas y cruzar fronteras: «Que se interesen por los temas europeos porque realmente en España la mayoría de nuestra legislación es adaptación del derecho europeo y la influencia que tiene el Tribunal de Justicia en España es muy grande».