Quien pague tarde a las pequeñas y medianas empresas se expondrá a sanciones. Eso es lo que pretende instaurar la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, vía Decreto-Ley. Así lo ha puesto de manifiesto durante una sesión plenaria en el Congres, en la que ha afirmado que su intención es establecer un sistema de sanciones para quien pague más allá del plazo legal permitido. Esto es, 60 días entre empresas y 30 desde la Administración hacia la empresa.

La Ministra ha asegurado que durante los ocho meses del Gobierno han trabajado en una estrategia pyme que incorpora la recomendación de implantar este régimen sancionador y un sistema de morosidad, que espera aprobar antes del 28 de abril.

Morosidad: difícil de medir. Pero existe

Maroto ha recordado que es difícil medir los periodos medios de pago. Según ha dicho, el pago en 30 días de la Administración “está muy lejos de cumplirse”, para ello ha puntualizado que en muchas Comunidades el periodo medio de pago es de 33 días. Sin embargo, en las entidades locales éste se sitúa en los 59 días.

Además ha recordado otros datos fiables que certifican su existencia. Como por ejemplo, el Boletín de morosidad que realiza Cepyme a partir de una encuesta que hace a las empresas. Estos datos, permiten conocer la situación en materia de retraso en los cobros y pagos de operaciones comerciales entre estas empresas, así como cómo afrontar la financiación de su actividad.

En él se refleja el periodo máximo de 60 días que establece la normativa; aunque hay diferencias de cobro por sectores. Por ejemplo, el sector agroalimentario es la rama de actividad que mejor se comporta en relación con el periodo medio de pago, mientras que otros sectores, como el textil o la construcción y promoción, acumulan un retraso del periodo de pago que supera los 90 días.

“La morosidad es un elemento claro que dificulta el acceso a una nueva financiación y que le resta competitividad tanto a nivel nacional como internacional”, ha sentenciado.