Lejos de solucionarse parece que el problema de la morosidad continúa en aumento. Da igual si el cliente es una Administración Pública o pertenece al sector privado, los pagos se realizan muy por encima del plazo establecido por la normativa.

En concreto, tal y como denuncia la Plataforma Multisectorial contra la morosidad (PMcM) un 65% de los contratos comerciales de 2019 incluían condiciones de pago por encima de los 60 días que marca la ley. Y eso no es todo, pues en la mayoría de casos algunas de las cláusulas iniciales ya marcan, antes de empezar a trabajar, condiciones ilegales de pago.

Pagar tarde: una acción sin consecuencias

Por si esta situación no fuese lo suficiente mala para las empresas, la gran mayoría de ellas (un 86%) no requirió los intereses de demora que les correspondían. Tampoco solicitaron la indemnización por costes de recobro en los casos correspondientes un 94% de los proveedores. Desde el informe de PMcM apuntan a que esto puede deberse al temor de perder a los clientes por reclamar dichas cuantías.

En el caso de las Administraciones Públicas el plazo medio de pago aumentó hasta los 70 días, habiéndose situado en 68 en el ejercicio anterior, lo que las deja en el mismo lugar que a las empresas del sector privado.

En este sentido, las que peor pagan son las grandes empresas (aquellas que tienen una facturación superior a 50 millones). Al menos, así lo afirman más de la mitad de los encuestados para la realización del informe. Estas compañías pagan más de 90 días después de la recepción de la factura (según señalan el 46%) o, en el mejor de los casos, entre los 60 y 90 días (35%).

Los únicos que mejoran sus datos son las pymes y autónomos. Si bien es cierto que pagan tarde, en concreto con una media de 73 días, la mejora es notable. No en vano, durante 2018 pagaban con 8 días más de retraso que en el pasado ejercicio.

Contenido elaborado por: Sego finance