La obligación de realizar un registro salarial sobre sus empleados ya ha comenzado. Desde este mismo mes de abril, las empresas deben realizar este registro para probar, entre otras cosas, que su compañía respeta la igualdad salarial entre hombre y mujeres.

No obstante, un gran porcentaje de las compañías no saben que están obligadas a realizar esta tarea, tal y como afirma Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, en base al último barómetro de los Gestores Administrativos, correspondiente al mes de abril.

No se ha promovido una campaña de promoción adecuada

Santiago tiene claro que uno de los principales problemas para las empresas ha sido la escasa campaña que se ha hecho, desde el Gobierno, para informar sobre esta nueva obligación. Así, desde su aprobación en octubre, se ha estado informando más de otros asuntos que de este.

El resultado es que tan solo un 33% de las pequeñas y medianas empresas saben que tienen la obligación de realizar este registro; lo que supone solo un tercio del total de empresas. Además, tampoco son esperanzadores los datos de las pymes que tienen los medios y recursos necesarios para realizar esta labor. En este caso serían un 23%.

Fernando Santiago destaca, además, que este es un trámite más de los muchos que ya tienen las empresas. Para él la burocracia a la que tienen que hacer frente es cada vez mayor y culpa a la poca capacidad de la Inspección de trabajo para hacer su trabajo.

Muchas pymes no pueden acceder a las ayudas por los exigentes requisitos

El presidente del Consejo también ha hablado de otro problema actual al que se están enfrentando estas compañías: la imposibilidad de acogerse a las medidas de ampliación de la carencia y amortización de los préstamos ICO.

En este caso, uno de los principales requisitos exigidos es no tener impagos de más de 90 días a entidades financieras. Por ello, un 23% de pymes no podrán solicitar la ampliación. Son empresas que están pasando por un mal momento de liquidez (de ahí su necesidad de solicitar un préstamo) y que no pueden hacer frente a todo los pagos que tienen.

Asimismo, otro buen porcentaje de pymes tampoco podrán acceder a las nuevas ayudas directas recogidas en el RD 5/2021. En este caso por no estar al corriente en sus pagos a las administraciones públicas (Seguridad Social o Hacienda). Según los datos aportados por el Consejo General de Gestores Administrativos, un 21% de pymes necesitan acceder a estas ayudas. Sin embargo, de ellas, más de un 40% no pueden acogerse a ellas por este motivo.

Contenido elaborado por: Sego finance