Media hora ha bastado para dejar visto para sentencia el último ‘macrojuicio’ contra ETA. Era una de las opciones. En procesos similares en estos últimos años ya se adoptó y esta vez de nuevo Fiscalía, acusaciones y defensas han alcanzado un acuerdo de última hora por la que los 47 encausados en el ‘macrojuicio’ contra el denominado ‘frente de cárceles de ETA’ verán notablemente reducidas sus penas y la mayor mparte de ellos no ingresará en prision. Los hasta un total de 601 años de prisión que se solicitaban contra todos ellos se quedarán en entre 80 y 90 años y sólo en dos casos supondrán el ingreso en prisión.

Todos los acusados han reconocido los hechos que se les imputan y han visto cómo sus peticiones de condena decaen a sólo 3 años y 6 meses en el caso de Arantza Zulueta -para la que se reclamaban 14 años de cárcel en condición de dirigente- y de 2 años y 7 meses para otros de los abogados, Jon Enparantza, quien también cumplió de modo provisional gran parte de la condena. Para el resto, las peticiones de pena, que oscilaban entre 8 y 20 años se han visto notablemente reducidas a entre 2 años y 1,5 años lo que no conlleva ingresar en la cárcel. De este modo, sólo Zulueta y Emparanza ingresarán en prisión. La primera, que ya cumplió tres años de cárcel, y Enparantza, que también acumuló algo más de dos años de cárcel, deberán cumplir aún cinco meses de cárcel.

La vista apenas ha durando media hora y en ella todos los acusados de integrar el denominado ‘frente’ de cárceles de ETA se han limitado a reconocer con un escueto «bai» los delitos por los que se les imputaban. En la mayoría de los casos se trataba de delitos de «participación activa» en organización terrorista, además de un delito de financiación o en dos casos de quebranto de medidas cautelares.

A todos ellos se les impone además una pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público que oscila entre los 3 y 5 años. A siete de los acusados, que son reincidentes, se le impone además una pena de libertad vigilada durante un año.

Reconocimiento

En una nota, la AVT, que junto con la asociación Dignidad y Justicia ejercía la acusación particular, ha asegurado que de este modo el acuerdo supone que los acusados reconozcan que tuvieron responsabilidades en el ‘frente de cárceles’ y que se movían bajo directrices que marcaba ETA.

La AVT ve en el acuerdo un reconocimiento de que tras el alto el fuego de ETA en octubre de 2012 se abrió un proceso de debate interno entre los presos de la banda «un colectivo que pasó a ser el principal elemento de movilización de la base social de ETA y su entorno». Subraya además que reconocen que se trataba de un colectivo especialmente relevante y en el que debían mantener «la cohesión» y evitar «cualquier tipo de disidencia o iniciativa individual». Un papel que cuyo principal responsable era «el colectivo de abogados».

Por último, señalan que el acuerdo deja claro que el ‘frente’ o la infrastructura que se desarticulo entre 2014 y 2015 la integraban el colecivo Herrira, de apoyo a presos de ETA, el coletivo de abogados, Etxerat -asociación de familiares de presos de la banda- y la organización ‘Jaiki Hadi’, dedicada a la atención sanitaria de los reclusos, además del propio EPPK.

El acuerdo se ha conocido sólo minutos después de que EH Bildu, JxCat y ERC arroparan esta mañana a los 47 acusados de integrar el llamado ‘frente de cárceles’ de ETA en el que ha sido el último ‘macrojuicio’ contra la banda terrorista. A las puertas de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, a las 10.00 horas había dado comienzo la primera de las 18 sesiones que estaban previstas para este proceso que ha sentado en el banquillo a distintos colectivos afines a la izquierda abertzale.

La vista se celebra después de que este pasado sábado decenas de miles de personas recorrieran las calles de Bilbao en apoyo a los presos de ETA, para los que se reclamó su regreso ‘a casa’, y en solidaridad con los acusados en el proceso 11/13 que esta mañana ha comenzado en la Audiencia Nacional y que tiene programadas vistas hasta el mes de noviembre.

Desde primera hora de la mañana ante las puertas de la Audiencia Nacional se han dejado ver representantes de las tres formaciones independentistas vascas y catalanas para trasladar su apoyo a los 47 acusados, que se enfrentaban a peticiones de pena que oscilaban entre los 8 y los 20 años de prisión por la comisión de presuntos delitos que van desde la participación activa en organización terrorista hasta la colaboración y financiación del terrorismo, su enaltecimiento y el presunto quebranto de medidas cautelares. Peticiones todas ellas finalmente rebajadas tras el acuerdo entre las partes.

El portavoz de EH Bildu y diputado en el Congreso, Jon Iñarritu, ha asegurado que la celebración de este juicio es «como el día de la marmota». Lo ha tildado de juicio «político con el falaz argumento de que todo es ETA, una organización que ya no existe». Este ha sido precisamente uno de los argumentos que con mayor insistencia ha venido reiterando la izquierda abertzale al subrayar que se trata de un proceso que sitúa el foco sobre una organización ya disuelta y que supone por ello un retorno al pasado.

Control de los presos

En cambio, desde las acusaciones que ejercen tanto la Fiscalía como la acusación popular, se considera que los 47 acusados formaban parte de un complicado y amplio entramado, denominado ‘BT’ y que tendría como único propósito controlar al colectivo de presos en las cárceles-. Una vigilancia que se debería ejercer para evitar el descontrol del colectivo de reclusos de la banda una vez que ésta, en octubre de 2011, anunció el cese de sus acciones criminales. Su disolución no llegó hasta casi siete años más tarde en la localidad vascofrancesa de Cambo el 4 de mayo de 2018.

A todos ellos se les detuvo en tres operaciones llevadas a cabo entre 2014 y 2015. Se trata de las operaciones ‘Jaque’, ‘Mate’ y ‘Pastor’ en la que en primer lugar se procedió al arresto de los que se consideraron líderes de la estructura y «enlaces externos» entre el colectivo de presos, agrupado en el EPPK, y la dirección de ETA. En condición de dirigente esta acusada la abogada Arantza Zulueta, que junto con otros abogados, hasta sumar una docena, habrían mediado, según el escrito de acusación para asegurar la cohesión y fidelidad de los presos a la dirección de la banda. La infraestructura se completaría con el papel jugado por otras tres organizaciones; ‘Herrira’, de apoyo a los presos de ETA, ‘Etxerat’, de familiares de presos y ‘Jaiki Hadi’, dedicado a la atención sanitaria de los reclusos.