Ciudadanos ha denunciado ante la Fiscalía la campaña de acoso del grupo Defensa Catalunya contra trabajadores de cara al público que no utilizan el catalán. No es la primera, pero sí la más insistente de esas denuncias contra una dependienta de una panadería en la Avenida Meridiana de Barcelona la que ha llevado los naranjas a trasladar los hechos a la Fiscalía, señalando dos posibles delitos odio e incitación al odio en las redes sociales.

El primer incidente se produjo hace unos días, cuando dos supuestas clientas grabaron a la dependienta mientras le exigían el uso del catalán y pedían una hoja de reclamaciones para denunciar su negativa a utilizar este idioma. El vídeo se hizo viral, junto al que grabó la propia trabajadora víctima del acoso.

Las denuncias y señalamientos contra el local se multiplicaron especialmente en twitter, hasta que el grupo ultranacionalista Defensa Catalunya se hizo suya la denuncia, regresando a la panadería para «comprobar» si la dependienta señalada seguía allí.

«Nos atendió otra dependienta que empezó en castellano pero cambió al catalán» relatan orgullosos. Y añaden, «preguntamos si a la dependienta catalanófoba ya la habían echado e intuimos que la han cambiado a otra panadería de Vivari».

Ante la justicia

Estos son los hechos que ha llevado Cs ante la justicia, centrada en el grupo que Carlos Carrizosa ha definido como «grupo de la ultra derecha catalana, admiradores de los hermanos Badia, a los que Oriol Junqueras y Quim Torra han rendido homenaje».

El líder de Cs en cataluña ha denunciado que estos hechos -no es el primero, se han producido incidentes similares otros comercios y restaurantes en los últimos años- son la consecuencia de «un clima ideológico promovido por nuestras autoridades y por una legislación que favorece la imposición de multas a aquellos comercios que rotulan en castellano y no en catalán».

Aún así, Carrizosa ha recordado que no existe ningún amparo legal a los radicales. El Tribunal Constitucional «ya ha dicho que en el ámbito privado no se puede exigir a nadie que emplee determinado idioma». Ese derecho, recogido en las relaciones con la Administración, no existe en el ámbito privado tal como recuerda el alto tribunal en una sentencia de 2017.

Los precedentes

A ese derecho se acogieron simpatizantes de Plataforma per la Llengua capitaneados por Santiago Espot en el escrache a un médico de atención primaria en Barcelona. Un facultativo que fue denunciado por una paciente en las redes, al que fueron a buscar al centro de atención primaria en el que trabajaba exigiendo su cese del puesto de trabajo hace poco más de un año.

Tras el «éxito» de su campaña de acoso en las redes, Espot repitió experiencia, esta vez contra una dependienta de El Corte Inglés.  Y la denuncia surtió efecto, aparentemente, ya que el propio Espot aseguró haber recibido una llamada del director de comunicación de los grandes almacenes para disculparse por el «incidente».

Igualmente celebrado, en las redes independentistas, fue escarnio a una camarera de un restaurante de Lleida liderado por la ex regidora de CiU en la ciudad Cristina Torrent.

En una larga cadena de mensajes de Torrent señaló públicamente con textos hirientes a una camarera del establecimiento por dirigirse a ella en castellano. La empleada era de origen brasileño y no entendía el catalán, tal y como explicó el dueño del local sin conseguir con ello calmar las airadas protestas de la ex regidora nacionalista.

Torrent tachó a los clientes del local de «trogloditas amorrados a la cerveza» y recriminó a la trabajadora que «pusiera cara de color oliva arbequina» y «no aprendiera catalán».