Los presupuestos generales del Estado presentados esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, prevén la oferta de 240 plazas de jueces y fiscales. Una cifra que ha desilusionado al sector, pues recuerdan que supone un 20% menos de plazas que la convocatoria anterior (300) en el momento que más refuerzo requiere la Justicia por la crisis del coronavirus.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) calificaron dicha convocatoria de «insuficiente tras un año sin ofertar ni una sola plaza» y recordaron que en España hay casi la mitad de jueces que la media Europea (21 por cada 100.000 habitantes, mientras en nuestro país no llega a los 12).

La AJFV pidió al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia en mayo y junio que convocaran plazas, ya que este año no se han convocado, y pidieron las 300 que permitía el presupuesto prorrogado. Pero ahora el Gobierno anuncia un «20% menos para una plantilla ya de por sí escasa», trasladan desde la asociación a El Independiente.

149 millones para la modernización

Las cuentas que el Gobierno de coalición presentó como las de la «reconstrucción del país y la modernización de la economía» contemplan un incremento de la dotación económica de un 7,6% para la Justicia, a la que está previsto se destinen 2.048 millones de euros.

Entre éstos, el Gobierno ha destacado como novedosa la cifra de 149 millones de euros para la modernización del sistema de la Administración.

Sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) explican que esta inversión era absolutamente necesaria si el Gobierno quería poder implantar de manera real el teletrabajo en este ámbito.

Es decir, para asegurar que se puedan desarrollar los mecanismos de cita previa o las vistas mediante videoconferencias a las que los actores legales se han visto obligados por la pandemia y están previstas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

De ahí que desde el sindicato no reciban la inversión como un esfuerzo adicional, sino como la inversión necesaria para que pueda seguir desarrollándose el trabajo diario a pesar de las dificultades que ha traído consigo el virus.