La Fiscalía Anticorrupción ha investigado durante un año movimientos bancarios entre dos personas próximas al rey emérito porque considera que se sirvió de ellas para sufragar gastos suyos, de la reina Sofía y de otros miembros de la familia real (en ningún caso de Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas) con origen en fondos no declarados a Hacienda.

Se trata del coronel del Ejército del Aire en la Casa Real y persona de confianza del exjefe de Estado, Nicolás Murga, y del empresario de origen mexicano afincado en Reino Unido, Allen Sanginés-Krause.

Según la investigación que Anticorrupción ha realizado en secreto desde abril de 2019 (las diligencias 12/2019) y que la fiscal general Dolores Delgado ha ordenado remitir al equipo del fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, para que continúe con ella, Sanginés-Krause habría enviado altas cantidades de dinero a cuentas bancarias abiertas en España que manejó el militar próximo al rey Juan Carlos. Sin embargo, según confirman fuentes fiscales a El Independiente, quien habría disfrutado de dichos fondos entre los años posteriores a 2014 fue el rey emérito y otros miembros de su familia, como la reina Sofía y algunos de sus nietos. Así lo constatarían facturas que se remitieron directamente al Palacio de la Zarzuela.

Las dos personas implicadas, además del emérito, son de su círculo de máxima confianza. El empresario Allen Sanginés-Krause, exdirectivo de Goldman Sachs, expresidente de la compañía de telecomunicaciones Millicom y propietario de fondos de inversión, forma parte de su grupo de amistades más cercanas. Es propietario del castillo de Killua (Westmeath, Irlanda) donde se ha alojado Juan Carlos I en distintas ocasiones. El teniente coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga, ahora en la reserva, fue ayudante de campo de Juan Carlos I.

Hechos posteriores a 2014

La investigación es paralela a la que lleva la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las cuentas en Suiza del rey emérito y la relación que puedan tener éstas con presuntas comisiones por la construcción del AVE a la Meca. Una investigación que la fiscal general también quitó a Anticorrupción para que el fiscal jefe de Sala Penal del Supremo, Juan Ignacio Campos, se ocupe de ella. En ambos casos, la Fiscalía General ha explicado que lo hace porque Juan Carlos I está aforado ante el Tribunal Supremo.

La novedad de esta investigación de Anticorrupción es que apunta a la presunta ocultación de fondos a Hacienda por parte del emérito a partir de 2014, cuando la inviolabilidad como jefe de Estado ya no le protegía, y cuando delitos fiscales no estarían prescritos. Las pesquisas de Anticorrupción iban encaminadas a investigar presunta ocultación de fondos y un mecanismo de lavado de éstos, es decir, un delito de blanqueo.

Sin embargo, por medio de un decreto hecho público ayer, Delgado ordenó que se remita dicha investigación de manera «inmediata» a Campos. Esto, la mañana que Eldiario.es publicó los primeros detalles de dicha investigación de Anticorrupción y la fiscal general ordenó abrir un expediente gubernativo para ver si ha habido «fugas de información», filtraciones, a la prensa.