El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha dado un impulso a la pieza número 10 del caso Púnica, en la que investiga a los exalcaldes populares de hasta siete ciudades de Madrid y la Comunidad Valenciana, así como a la exconsejera de Educación madrileña, Lucía Figar, por pagar presuntamente con fondos públicos campañas de promoción personal en redes sociales y medios de comunicación locales creados ad hoc para ofrecer una imagen positiva de su persona y neutralizar noticias que les situaban en mal lugar.

Dichos trabajos, que se habrían encargado a las empresas Madiva y EICO de los también investigados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, habrían ido destinados a promocionar la figura de los ex primeros ediles de Dénia, Gandía, Castellón, -las tres en la Comunidad Valenciana- y Valdemoro, Coslada, Alcobendas y Majadahonda (Comunidad de Madrid).

Algunos de esos ex primeros ediles ya figuraban como investigados y a otros, como pidió la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado citarles como imputados el juez. Es el caso de los ex alcaldes de Majadahonda y de Alcobendas, Narciso de Foxá e Ignacio García de Vinuesa. Este último, que ahora desempeñaba su cargo como Comisionado para la Atención de las Víctimas del Terrorismo en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, presentó su dimisión este jueves tras conocerse su imputación.

Además de estos dos ex alcaldes, García-Castellón también ha citado como investigados por los presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación y falsificación a otras 15 personas, todos exconcejales o personas próximas a los alcaldes que supuestamente participaron en el desvío de fondos públicos para promocionarles personalmente. Según un reciente informe presentado por las fiscales Anticorrupción, todos conocían el fin de los contratos suscritos con las empresas de Alejandro de Pedro y ayudaron a falsear facturas para ocultarlo.

Entre esos investigados se encuentran Pablo Balbín, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y el exdiputado popular Víctor Soler Beneyto.

Compra de seguidores y blogs personales

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al que hace referencia el juez para la nueva tanda de citaciones, los alcaldes y asesores investigados falsearon contratos de miles de euros para hacerlos pasar por trabajos para los consistorios a pesar de que iban destinados a «campañas de reputación política puramente personal».

Con ese fin, los alcaldes habrían encargado al empresario que creara diarios ad hoc con el fin de «ofrecer una imagen positiva de su persona». Para ello, habrían contratado a periodistas encargados de «nutrirlos de contenidos a su favor». Sus trabajos también habrían ido encaminados a «ayudar a posicionar las noticias de complacencia creadas o comprar seguidores para el diario, así como crear webs y blogs personales», según los investigadores.

Más de 80.000 euros para promocionar a Figar

El trabajo de «promoción» por el que el empresario habría cobrado más dinero procedente de fondos públicos, según la investigación, habría sido el realizado para la exconsejera de Educación, Lucía Figar, también investigada.

El equipo de Figar -aunque ella tenía trato directo con el empresario, según el informe de Anticorrupción- le habría encargado trabajos prácticamente de manera mensual entre 2011 y 2014 por un importe de casi 60.000 euros que se pagaron a la empresa Madiva y más de 20.000 que se pagaron a la empresa EICO, todos procedentes de la Comunidad de Madrid.

Los contratos falseados realmente buscaban «que las redes transmitieran una imagen positiva de su persona» o colocarla en los primeros puestos de los buscadores, según el auto del juez con fecha de este martes.