Interior ultima un acuerdo para que en las situaciones en las que los mossos resulten heridos los servicios jurídicos de la Generalitat ya no acusen de atentado a la autoridad o desobediencia a los autores, limitando la acción a un delito de lesiones. Una decisión que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos policiales, que se sienten una vez más desautorizados y desprotegidos.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha denunciado esta decisión invitando al nuevo comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a evitar la propuesta del conseller. «En su primer día Trapero tiene la oportunidad de estar al lado de los mossos y la ley frente a las agresiones a los mossos o puede ser manso al poder político, que quiere restringir la posibilidad de que los mossos puedan defenderse de sus agresores, sobre todo cuando son separatistas en manifestaciones violentas».

«Es una barbaridad» señala la portavoz del sindicato policial SAP-Fepol, Imma Viudes, para quien la decisión avanzada este miércoles por el conseller Miquel Sàmper tiene un objetivo exclusivamente político: «Quieren evitar la imagen de la Generalitat actuando como acusación contra miembros del independentismo radical».

«¿Queréis dejar tirados a los mossos, conseller?» se pregunta el sindicato SME en un duro comunicado de respuesta a Sàmper. Este sindicato va más allá que el mayoritario SAP y advierte al consejero que no dudaran en querellarse contra el Departamento de Interior si tienen conocimiento de algún caso en que sus servicios jurídicos omiten una denuncia por atentado o desobediencia.

Una advertencia que reiteran desde el SPC. «Fiscalizaremos muy de cerca las actuaciones del Departamento» advierten al consejero, «sin descartar acciones jurídicas si las consideramos oportunas».

«Una vez más, nos sentimos huérfanos y la consejería de la que dependemos valida y despenaliza el tiro al mosso» lamentan desde COPCAT. «Una vez más se da el mensaje de que nos va en el sueldo aguantar agresiones y humillaciones, despojándonos de los mínimos derechos que tiene cualquier persona».

El ejemplo de Adrián Sas

El próximo martes Adrián Sas será juzgado por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones, una acusación por la que la Generalitat pide 5 años y medio de prisión. Sas fue detenido en las manifestaciones independentistas del 1 de octubre de 2018. Esta semana protagonizó una rueda de prensa en el Parlament junto a los diputados de la CUP para denunciar el papel de la Conselleria de Interior en la causa que la justicia instruye contra él.

Poco después de esa rueda de prensa, Sàmper comparecía ante la comisión de Interior del Parlament y anunciaba que «ultima el acuerdo» para rebajar al máximo las acusaciones contra quienes agreden a agentes de policía en el transcurso de manifestaciones.

«Hacía mucho daño a la ética y la moralidad ver que ha habido acusaciones por parte de letrados de la Generalitat superiores a las de la Fiscalía. Y esto ha pasado, no en un caso, sino en bastantes, y tiene muy poca coherencia», argumentó Sàmper en el Parlament.

Los antecedentes de Sàmper

Sàmper explicó que esta modificación la empezó a trabajar al llegar al departamento de Interior en septiembre pasado, para rebajar la carga punitiva de la acusación de la Generalitat. Y se refirió explícitamente al papel del Govern en los procesos judiciales contra independentistas detenidos tras los disturbios por la condena a la cúpula del procés.

El propio conseller fue denunciado por la Guardia Civil en 2017, por su participación en la concentración contra el registro de Unipost, en los días previos al referéndum del 1-O. Una denuncia que tachó de falsa, pero «un honor» por estar ligada a su militancia independentista. Ahora, reconoce en el Parlament que solo mantiene el apoyo legal a los agentes agredidos porque tiene la obligación legal de hacerlo.

«Este acuerdo es traspasar una línea roja» advierte la portavoz de SAP, que lamenta que el conseller «va dejando desamparados» a los agentes catalanes. Viudes recuerda que la administración autonómica está obligada a ofrecer apoyo jurídico a los agentes, «pero los agentes no querrán que les defienda la Generalitat, y como la mayoría están afiliados, recurrirán a los sindicatos, que siempre vamos a ir a máximos».

«Van a hacer el ridículo»

«Van a hacer el ridículo porque le ministerio Fiscal siempre va a pedir atentado, están provocando indefensión a su cliente cuando ellos tienen la obligación de defender a su cliente» advierte la portavoz de SAP. Y añade que habrá que valorar en la comisión deontológica del Colegio de Abogados si esto puede tener repercusiones.

La portavoz de SAP reconoce que no tienen datos de las causas abiertas por agresiones, pero sólo en este sindicato podrían situarse entorno al centenar. Respecto al grado, Viudes señala que existe un baremo en función del tipo de lesión, «no es lo mismo un hematoma que pérdida de dentadura» pero recuerda que «lo que está claro es que todas las lesiones a un agente de la autoridad constituyen un atentado».