El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tumbó en el mes de junio el contrato por el que el ministerio de Igualdad pretendía contratar a 33 personas para ampliar el servicio del 016, exigiendo que al menos 31 de ellas fueran mujeres. El TACRC, tras el recurso de una empresa, declaró nulo el procedimiento por existir una discriminación de género contraria al artículo 14 de la Constitución.

Tal y como ha publicado El Confidencial, el contrato tenía un valor de más de 7 millones de euros y el ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, tuvo que dar marcha atrás y volver a publicar la licitación.

El tribunal admite el recurso de la empresa, que estimaba que «en los pliegos de la contratación se exige la concurrencia de personas de sexo femenino (operadoras, asesoras…) con discriminación a los trabajadores del sexo masculino» y, tras examinar los pliegos, concluye que el propio ministerio de Igualdad asume por los términos de la oferta «que tal discriminación se produce efectivamente».