¿Quién se benefició de la presunta corrupción en el Consell Esportiu de l’Hospitalet (CELH), una ciudad gobernada desde el inicio de la democracia por los socialistas? La UDEF investiga la gestión en la entidad deportiva que afecta al secretario general del PSC en esta ciudad, Cristian Alcázar, y que podría salpicar a la presidenta del partido, Núria Marin, alcaldesa de Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona.

Sobre la mesa, el supuesto desvío de medio millón de euros sólo en el ejercicio de 2018 del CELH, una práctica que según algunas fuentes locales podría haberse establecido hace años. Ahora el juez investiga si el Consell Esportiu, una entidad privada con participación pública que promueve el deporte escolar en L’Hospitalet, desvió dinero de ayudas públicas con fines particulares y después intentó justificar el destino del dinero de las subvenciones con documentación falsa.

Indicios de criminalidad

Fuentes el Ayuntamiento reconocen que se han podido cometer irregularidades administrativas, pero aseguran que la interventora municipal revisó, al conocerse los hechos, el destino de todas esas subvenciones y no hay indicios de irregularidad. Pero el auto de la juez que instruye el caso habla de «indicios claros de criminalidad» en la gestión del Consejo tutelado por el Ayuntamiento, como en todos los consejos deportivos, creados por la legislación catalana.

El caso lo denunció el pasado febrero quien hasta junio ostentaba la regidoría de Cultura y Deportes del Consistorio, el socialista Jaume Graells, al aterrizar en el área de deportes y revisar las cuentas del Consell. Según la documentación que obra en manos de la UDEF, el Consell llevaba dos contabilidades discordantes, la que presentaba ante las asambleas de la entidad y la que consignaba en el Consell Catalá de l’Esport (Generalitat) para justificar las subvenciones recibidas.

La instrucción cuenta ahora con ocho acusados. Entre ellos los dos regidores Cristian Alcázar, segundo teniente de alcalde, y Cristóbal Plaza, regidor de deportes, además del director de la entidad, Eduard Galí. En la causa se investiga también al secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, y a responsables de algunas entidades deportivas de l’Hospitalet.

Opacidad

La oposición municipal lleva desde junio reclamando explicaciones a la alcaldesa, que en un primer momento se comprometió ante los grupos a realizar una auditoria sobre la entidad. «Seguimos sin saber nada de la auditoría» explica la regidora del PP en Hospitalet, Sonia Esplugas. Su grupo ha pedido información sobre las subvenciones recibidas y su justificación, así como la filiación a la Seguridad Social de todos los colaboradores de la entidad, pero no han recibido respuesta.

Núria Marin argumenta que la auditoría se detuvo cuando empezó la investigación de la UDEF, que requisó la contabilidad de la entidad. Y defiende que la decisión de mantener en sus cargos a los dos regidores encausados.

Desde ERC reclaman el cese de ambos responsables y critican la «opacidad» del gobierno local. «La opacidad daña a la ciudad genera una sombra sobre las entidades» deportivas que dependen del Consell.

Marin, a examen en el Parlament

Este partido es el responsable de que Marin haya sido requerida por el Parlament para dar explicaciones, algo que la alcaldesa se ha comprometido a hacer. Una comparecencia que no tiene fecha, y que podría quedar pospuesta si no se acelera el calendario, puesto que el Parlament se disolverá el próximo 22 de diciembre.

De producirse la comparecencia de Marin, presidenta del PSC, por un caso de corrupción que afecta a la ciudad gobernada por los socialistas desde el retorno de la democracia, podría convertirse en el mejor regalo electoral para los republicanos a las puertas de las elecciones del 14F.

La republicana Sílvia Casola no avala la existencia de una caja B en el CELH, pero advierte de que «hay que llegar al fondo de todo esto, aclarar los hechos y que tengan consecuencias judiciales y políticas». Este partido ha pedido también que el Ayuntamiento se persone como acusación popular, pero el gobierno local se ha negado.

Contabilidades paralelas

Las dos contabilidades del Consejo consignan subvenciones de 210.000 euros del Ayuntamiento, 107.000 de la Generalitat y 2.092 de la Diputación de Barcelona. Pero mientras en la presentada ante la asamblea solo se ingresaron 88.221 euros por actividades propias -deporte infantil y colonias estivales- ante la Generalitat esta partida ascendía a 601.059 euros.

Ante la asamblea, el CELH tuvo unos ingresos de 409.000 euros ese ejercicio. Para la Generalitat los ingresos fueron de 920.000 euros. La Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (UDEF) sospecha que ese dinero sirvió para pagos en negro de retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. Unos pagos que según sospechan los grupos de la oposición podrían haber servido para sufragar actos de apoyo al PSC.

Los tres principales inculpados son Alcázar -ex presidente del CELH y actual segundo teniente de alcaldía de Hospitalet-, Cristóbal Plaza -presidente del CELH y regidor de Deportes- y Eduard Galí, director de la entidad deportiva. Los dos primeros anunciaron sus renuncias al Consell Esportiu durante el tiempo que dura la investigación, pero siguen formando parte del equipo de gobierno del Hospitalet. No así el regidor denunciante, Jaume Graells, también socialista.  

El heredero de Marin

Alcázar es además el mejor situado para sustituir a Núria Marin como candidato a la alcaldía de l’Hospitalet -la segunda ciudad de Cataluña en población- desde que el pasado enero se convirtió inesperadamente en primer secretario del partido en esta localidad. La alcaldesa lo mantiene en el equipo de gobierno mientras mantiene un escrupuloso silencio desde que la UDEF registró las dependencias del CELH el pasado junio e imputó a sus principales responsables.

Entre las irregularidades que la instrucción ha puesto al descubierto destaca la supuesta falsificación de las actas de una asamblea de la entidad para justificar la concesión de subvenciones de la Generalitat. Y el pago de gastos personales de Plaza a cuenta del Consell. El regidor, además, habría cobrado una indemnización de despido improcedente de 47.000€ cuando abandonó la entidad, para incorporarse meses más tarde al gobierno local.