Las personas con discapacidad conforman un colectivo con altos niveles de desempleo que podrían incrementarse, severamente, por las consecuencias económicas de la Covid-19. Según datos publicados por Odismet, en el mes de abril se registró la cifra más baja de contratos a personas con discapacidad desde hace 14 años, con un descenso del 74% respecto del mismo mes de 2019.

Asimismo, la previsión sobre la pérdida de empleos en este colectivo es catastrófica: alrededor del 60% podría quedarse sin trabajo, lo que echaría a perder el avance colectivo logrado desde 1982, año de entrada en vigor de la LISMI, la primera versión de la Ley General de Discapacidad que impulsa la integración laboral en las empresas de más de 50 trabajadores a través de una cuota de reserva de empleos correspondiente al 2% de la plantilla, así como el Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo de 2006, que introdujo el incentivo de las bonificaciones a empresas por la contratación de personas con discapacidad.

Entre las compañías españolas especialmente comprometidas con la integración laboral de colectivos vulnerables destaca Clece, una empresa cuyo proyecto social consiste, precisamente, en generar oportunidades de empleo para personas con escasas opciones de acceder al mercado laboral, como las personas con discapacidad. Esta empresa apostó por “normalizar el empleo inclusivo” hace más de 15 años “a través de un complejo proceso del que participa toda la compañía”. Cada departamento (Selección, PRL, Vigilancia de la Salud, Unidad de Apoyo, Formación, RRHH y Servicios) tiene un papel claro y definido en el desarrollo de la plena integración.  

Javier Gallego, responsable de Acción Social de Clece, conoce de primera mano el recorrido del colectivo de personas con discapacidad hacia la materialización de su derecho al trabajo. “En Clece estamos realizando un gran esfuerzo por mantener el empleo desde que la pandemia hizo aparición y paralizó, no solo la actividad productiva, pública y privada, también la formación para el empleo y la acción de las entidades sociales con las que colaboramos para generar empleo inclusivo”, afirma. Más de 7.000 personas con diversidad funcional trabajan en Clece, lo que supone un porcentaje mucho mayor del 2% al que obliga la ley. El compromiso social con la inclusión de este colectivo y de otros en riesgo de exclusión es inherente a la empresa “y dista mucho de un objetivo económico, ya que las bonificaciones o subvenciones para emplear a personas con discapacidad son ajenas a nuestro beneficio, ya que siempre las repercutimos en la Administración, al descontarlas de la propuesta económica de la licitación y en los propios empleados con discapacidad, a través, por ejemplo, de mejoras en la oferta que realizamos a la Administración Pública que saque a concurso un contrato de servicios”, aclara Gallego.

Cómo se normaliza en empleo inclusivo

En Clece, el empleo surge por la demanda interna de vacantes para prestar distintos servicios. Una vez detectadas, se pone en marcha la maquinaria interna que hace posible contratar a una persona con diversidad funcional de modo que no se produzcan exclusiones o discriminaciones. “Las personas con diversidad funcional llegan a nuestra empresa de muy diferentes maneras, una de ellas es a través de las más de 350 entidades sociales con las que colaboramos y que nos ayudan en el proceso de la integración, desde la intermediación, formación transversal, formación específica, sensibilización interna… Trabajamos de manera conjunta para que la integración en Clece sea un éxito”. Las necesidades de adaptación al puesto de trabajo que tienen las personas con diversidad funcional son muy diversas. Tenemos en cuenta los factores físicos y biológicos, cognitivos y sociales para que la inclusión sea plena. Para ello creamos la Unidad de Apoyo a las Personas, con protocolos de actuación para quienes lo precisen durante el desarrollo de su plena integración y autonomía.

Yolanda Cabo, de 29 años, trabaja en Clece desde hace tres. Tras los sinsabores de su experiencia en trabajos precarios, soportando burlas o en empleos de escasa duración, estableció contacto con la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, desde la cual la condujeron a una entrevista con Clece para atender en albergues del Camino de Santiago.

“Ahora estoy muy bien. Siempre he soñado con comprarme un coche, pero lo veía imposible porque sin contrato indefinido… Y mira, acabo de llegar a Boimorto conduciendo yo misma porque también me saqué el carné”, celebra. Yolanda está muy valorada en Clece, entre sus compañeros y por sus responsables, que destacan su capacidad, perseverancia y buen carácter. “Les doy mil gracias por la oportunidad que me dieron y por la excelente relación que tenemos”, afirma.

Estudiar, trabajar duro, montar y dirigir una empresa, prosperar y, al cabo de los años, verse, casi de la noche al día, sin trabajo, con una discapacidad del 34% y superando los 50, supone la entrada en una imprevista situación de exclusión social que atraviesan muchísimas personas en nuestro país. Es parte de la historia de Miguel Ángel Hernández, conductor de ruta del Centro de Día Almorox, en Madrid.

“Hoy estoy feliz, pero tuve que aprender a hacerme a la idea de trabajar como conductor porque no era consciente de cómo me iba a sentir en este trabajo y en esta empresa. Mis compañeros son increíbles, el compañerismo que hay aquí no es habitual, de verdad… me sigue sorprendiendo. Cómo hemos trabajado en la pandemia, codo con codo, con el único propósito de proteger y atender a las personas mayores, eso no lo olvidaré en mi vida, ni la cara de los mayores cuando me ven cada día. Eso no se puede explicar”, asegura Miguel Ángel.