Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscriben un duro voto particular en el que discrepan del acuerdo alcanzado por la mayoría de este órgano el pasado jueves respecto de los planes de reforma de este órgano impulsados por el Gobierno, en el que acusan a sus compañeros de alinearse con el PP e incurrir en «deslealtad a España» por señalar que la tramitación de dicha reforma viola el Derecho Europeo.

El acuerdo, según los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y la vocal patrocinada por IU Concepción Sáez, es «una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso de los Diputados«, según señala el documento que ha tenido acceso Europa Press.

El acuerdo criticado por estos vocales se adoptó en un Pleno Extraordinario del CGPJ el pasado jueves, que por 16 votos frente a 5 acordó solicitar a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de tramitar de forma urgente la propuesta de ambos partidos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer este órgano estando en funciones, al tiempo que volvía a instar a todas las fuerzas parlamentarias a renovar «a la mayor brevedad» el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años caducado.

A juicio de los vocales progresistas, sin embargo, el CGPJ pierde con esta declaración toda apariencia de imparcialidad, «pues refleja una falta de respeto por el ámbito propio de las competencias y de la legitimidad del Poder Legislativo, interfiriendo en el debate parlamentario».

«Tal parece que este órgano constitucional se alinea, como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o tienen una gran responsabilidad en ello», añaden en clara referencia al Partido Popular.

Además, para estos vocales insinuar «siquiera remotamente» que el Congreso de los Diputados o las Cortes Generales -al tomar en consideración y tramitar una proposición de Ley- incurren en violación del Derecho Europeo y de los Tratados de la Unión Europea, convierte a España «en merecedora de sufrir el mecanismo fiscalizador, sancionador y de suspensión de derechos como miembro de la Unión, previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), es una deslealtad a España», tal y como fue advirtieron estos vocales durante el debate del pasado jueves.