El juez ha concluido la investigación sobre el patrimonio personal del ex presidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a quien propone juzgar por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y elusión fiscal.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid cree que está indiciariamente acreditado que Rato se llevó una comisión de 835.000 euros por intervenir por medio de personas de su confianza para que dos empresas de publicidad, Publicis Comunicación y Zenith Media, fueran las adjudicatarias del contrato de la publicidad de la salida a bolsa de Bankia y la creación de la marca de la entidad.

Además, el juez también encuentra indicios de que dichos fondos trataron de ocultarse en otras operaciones y sacarlos de España para eludir el pago de impuestos. De ahí que proponga juzgar al ex presidente de Bankia de los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo y elusión fiscal.

A través de una sociedad de un tercero

Respecto al primero, en el auto se expone que «aparece indiciariamente acreditado que siguiendo el procedimiento que ha quedado detallado, durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis Comunicación España SLU y Zenith Media SL, a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros con el fin obtener dichos contratos, que ambas mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento controlada por Alberto Portuondo Coll y, esta, a su vez, en virtud del aludido contrato de 3/6/11, transfirió a la sociedad Kradonara 2001 SL, controlada por Rodrigo de Rato Figaredo, la cantidad de 835.024, 64 euros. Por su parte Miguel Ángel Montero Quevedo [a quien Rato introdujo como asesor externo de la entidad] recibió de Albisa a través de una empresa de su propiedad, Montelayos recibió la cantidad de 189.704 euros».

Sociedad constituida en Reino Unido

Respecto a la supuesta comisión de un delito de blanqueo, el auto judicial explica el procedimiento que habría utilizado el ex alto cargo de Bankia para cobrar supuestamente los fondos de la comisión sin que figuraran como propiedad suya hasta el año 2013. Según el juez, se hizo a través de una sociedad en Reino Unido, Vivaway, propiedad de la sociedad Kradonara que aunque se constituyó en 2001, Rato no pasó a poseerla hasta 2013.

Según el auto judicial, Rato defraudó a Hacienda entre los años 2006 y 2015 casi 2,5 millones de euros, sin contar los algo más de 100.000 euros que habría eludido en los años 2010 y 2011 por estar por debajo de los 120.000 euros no declarados que no persigue la ley.

La operativa que habría utilizado, supuestamente, habría sido, según el auto judicial «por una parte en maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias ( nuevamente préstamos participativos y prestaciones de servicios inexistentes) entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda española y por la otra, en la percepción a través de sociedades meramente instrumentales de servicios profesionales que el investigado prestaba de manera personal, a fin de, por una parte, minorar la cuota resultante a favor de la Hacienda Pública por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades respecto del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas que correspondería al investigado Rodrigo de Rato, haciéndolo, además, a través de sociedades bajo su control con bases imponibles negativas en cuanto al IS, lo que determinó la ausencia de las percepciones derivadas de dichos impuestos por parte de la Hacienda Pública».