Izquierda Unida y Partido Comunista de España han solicitado la recusación de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que inadmitieron su querella contra Juan Carlos I y personas de su entorno por presunta "asociación ilícita o contubernio criminal" basada en las noticias que han salido a la luz sobre los fondos que el emérito recibió a través de dos fundaciones en el extranjero y el posible origen de éstos.
Los dos partidos aluden a una "falta de apariencia de imparcialidad" de los magistrados y a una "hostilidad" hacia la acusación popular que ejercen.
Consideran que Manuel Marchena (presidente de la Sala), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana María Ferrer han caído en una "animadversión" hacia ellos que les impide ejercer su papel de acusación popular y por la que deberían abstenerse.
En el escrito de recusación al que ha tenido acceso El Independiente se quejan de que los magistrados les "califican y tildan de profesionales de la acción popular, que la degradamos, y de que estamos intentando convertir noticias en delitos; se alude también, y se recrimina, reprocha y afea a esta parte querellante incurrir en una supuesta 'regularidad selectiva', que realmente puede referirse a cualquier cosa o quizá a nada, y que no se entiende muy bien, pero parece ser algo bastante malo, según se da a entender", afirman.
Para los querellantes, el "mero hecho" de las dudas de imparcialidad sobre los magistrados y la animadversión son razones para su recusación y abstención según el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y los cánones establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al que están dispuestos a dirigirse contra la Sala Segunda del Supremo.
Sólo la Sala Segunda puede investigar
Los magistrados del Supremo a los que Izquierda Unida recusan son los únicos que pueden admitir una querella contra el rey emérito, puesto que está aforado ante la Sala Segunda del alto tribunal.
A ellos tendrá que dirigirse la Fiscalía si finalmente presenta una querella con los indicios recabados contra Juan Carlos I en las diligencias que tiene abiertas desde junio de 2020. Precisamente IU y PCE reprocharon a la Fiscalía que "pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos".
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