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Los socios de Iglesias apremian a la Fiscalía a pronunciarse sobre el emérito

El Ministerio Público tendrá que decir si el Tribunal Supremo debe admitir a trámite una querella de Izquierda Unida y Partido Comunista de España contra Juan Carlos I por 13 delitos distintos

Dolores Delgado, fiscal general del Estado, en el Congreso durante su etapa de ministra de Justicia.

Dolores Delgado, fiscal general del Estado, en el Congreso durante su etapa de ministra de Justicia. EP

Izquierda Unida y Partido Comunista de España reprochan a la Fiscalía que todavía no haya interpuesto «acción penal alguna» contra el rey emérito «a pesar de lo avanzado de las investigaciones».

El Tribunal Supremo estudiará si reabre la querella que presentaron ambos partidos políticos -pertenecientes al mismo grupo en el Congreso de los Diputados que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y que el ministro de Consumo, Alberto Garzón- contra Juan Carlos I por hasta 13 delitos distintos, entre ellos los de blanqueo de capitales, organización criminal o tráfico de influencias, pero previamente la Fiscalía deberá pronunciarse sobre si procede o no admitir a trámite la petición.

Dos años después de que se archivara la primera querella de ambos partidos contra el padre de Felipe VI, sus representantes se dirigieron por segunda vez a la Sala Segunda del alto tribunal después de que el juez de la Audiencia Nacional reabriera la pieza de investigación Carol del caso Villarejo y tras iniciar la Fiscalía del Tribunal Supremo una investigación que afecta «directamente» al emérito con la información proporcionada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el AVE a La Meca.

Eso ocurrió el 30 de julio y en su escrito reprocharon al Ministerio Público que aún no haya presentado una querella contra el emérito para que el Supremo inicie una investigación contra él.

El paso adelante de la fiscal general Dolores Delgado, bien presentando una querella contra el padre de Felipe VI ante la Sala Segunda o trasladando que no hay indicios suficientes para ello es muy esperado, pues es necesario para que el Supremo inicie una investigación o la rechace. En este sentido, los querellantes la apremiaron: «Pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos», afirmaron.

Ahora, una vez que el Supremo ha dado por recibido el segundo escrito de ambos partidos, el posicionamiento de la Fiscalía será ineludible, pues es necesario para que la Sala decida si admite o no la querella.

La anterior querella

IU y PCE presentaron la primera querella contra el rey emérito ante el Tribunal Supremo en diciembre de 2018. Lo hicieron tras publicar El Español y Okdiario las denominadas ‘cintas de Corinna’. Se trató de la grabación de una conversación entre la empresaria y examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen, el comisario José Manuel Villarejo y el empresario Juan Villalonga en un hotel de Londres en 2015 en la que la mujer insinuó que el emérito cobró una comisión de 100 millones de dólares de Arabia Saudí por su mediación en la adjudicación del contrato del AVE a La Meca a empresas españolas y que utilizó a testaferros para ocultar dicha fortuna en Suiza.

Los dos partidos presentaron la querella contra el emérito, Villarejo, Villalonga, Larsen y el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. En febrero de 2019, la Fiscalía interesó «el inmediato archivo de las actuaciones en lo que se refiere a la persona del querellado S. M. el Rey D. Juan Carlos de Borbón». Dos meses después, la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió la querella y archivó las actuaciones argumentando que «los hechos ya han sido investigados y el proceso penal se ha archivado», en referencia a la investigación de la pieza Carol que se abrió en el caso Villarejo de la Audiencia Nacional con el magistrado Diego de Egea como instructor y se archivó de manera casi instantánea al no encontrar suficientes indicios contra el emérito.

«El órgano jurisdiccional que investigó los hechos no encontró indicios suficientes para la continuación del procedimiento; no constando que la resolución en la que se acordó el archivo fuera recurrida. Constatada esta realidad, el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución, no puede amparar que el desacuerdo contra ella y particularmente, contra el auto de sobreseimiento provisional se traduzca en la presentación -en el ejercicio de la acción popular- de una nueva querella por los mismos hechos, pretendiendo la incoación de otro proceso penal ante un órgano jurisdiccional distinto, en el que se pueda obtener un resultado más acorde con las propias pretensiones u opiniones», contestó la Sala para inadmitir la querella de los partidos políticos.

La situación ha cambiado

Pero el pasado 30 de julio, IU y PCE solicitaron la reapertura de la causa con la admisión de la querella después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, reabriera la pieza Carol del caso Villarejo para investigar a Larsen y al comisario por presunto delito de cohecho.

El juez encontró indicios de que la empresaria le encargó espiar a una asistenta suya que estaba filtrando información. Puesto que dichos indicios los halló en una nueva grabación también entre Villarejo, Larsen y Villalonga, decidió reabrir la pieza 5 del caso Tándem e investigarlo en ese marco, decisión que han recurrido los investigados, con la Fiscalía a su favor.

Además, los dos partidos políticos alegan que la situación es muy distinta porque la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación sobre hechos que afectan al emérito con datos proporcionados por la Fiscalía Anticorrupción y el fiscal suizo Yves Bertossa.

«Con posterioridad al archivo de la causa, ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella. Así, como es público y notorio, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía Suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción para investigar los fondos irregulares que S.M Juan Carlos de Borbón habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí», expusieron en su escrito. De ahí que solicitaran la admisión de la querella, que se inicie una causa contra el emérito y que se incorporen a ésta las actuaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo en su propia investigación.

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