El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha archivado la línea de investigación sobre supuestos sobresueldos cobrados por el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos y la gerente de dicho partido, Rocío Esther Val. El instructor, después de practicar distintas diligencias de investigación, entre ellas la toma de declaración a los aludidos como investigados, rechaza que el partido de Pablo Iglesias haya incurrido en administración desleal porque sus responsables económicos cobraran complementos salariales.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid abrió una investigación al partido después de que los abogados expulsados de éste que investigaron presuntas irregularidades internas, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, denunciaran que Frutos y Val cobraron cantidades «indebidas, desproporcionadas y por conceptos no autorizados» que quedaron reflejados en sus nóminas.

Dichos complementos, cuya legalidad se cuestionó en la denuncia de Calvente y Carmona, fueron uno de 210 euros por «Coordinación» y otro de 400 euros por «Coordinación Ejecutiva». Según afirmaron los denunciantes, éstos «no costan en las tablas saliariales del partido, sin que conte un acuerdo oficial del Consejo de Coordinación autorizando dichas subidas salariales y la aplicación por tanto de dichos complementos que se han atribuido unilateralmente».

El Consejo de Coordinación los aprobó

El juez, en un auto del 11 de marzo al que ha tenido acceso El Independiente, considera que el Consejo de Coordinación sí que aprobó dichos complementos salariales y que la gerente Val tenía potestad para decidir sobre la concesión de éstos. Ella misma, durante su declaración ante el juez, reconoció que decidió crearlos.

Según el instructor Escalonilla, «el órgano de dicho partido político [Podemos] encargado de la aprobación del presupuesto del año 2019 aprobó tales complementos salariales implementados por la gerente. No se aprecia por tanto la presunta comisión por su parte de un delito de administración desleal».

El juez llega a dicha conclusión después de analizar los Estatutos de la formación y la documentación aportada por Podemos. Según ésta, explica en la resolución, «consta acreditado que el Consejo de Coordinación de dicho partido político tuvo conocimiento del gasto personal correspondiente al año 2019 incluidas la totalidad de las retribuciones devengadas por la gerente Rocío Esther Val y por el tesorero Daniel García De Frutos durante dicho ejercicio, que fueron tomadas en cuenta en el informe sobre ejecución del presupuesto de 2019, que fue elevado al Consejo Ciudadano Estatal, órgano que aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2019 el día 20 de junio de 2020».