La Abogacía del Estado insiste en que se condene por desobediencia al exmiembro de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet por dar cobertura jurídica al proceso de independencia de Cataluña dando trámite en la Cámara a decisiones que el Tribunal Constitucional había instado a no admitir.

La abogada del Estado Rosa María Seoane, durante las cuestiones previas del juicio contra Nuet que se celebra desde este este miércoles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha afirmado que «en modo alguno se está enjuiciando la función parlamentaria, la libertad ideológica o política del acusado, sino que el objeto del procedimiento es muy limitado: su actuación que como miembro del Parlamento desarrolló en contra de lo que había sido requerido e instado por el Tribunal Constitucional».

Nuet, que ahora ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -motivo por el que como aforado es juzgado por la Sala Segunda del Supremo- se enfrenta a una multa de 8 meses con una cuota de 100 euros al día y a la inhabilitación para cargo público por un año y cuatro meses, como piden la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Seoane ha rechazado «las alegaciones a la violación de derechos de libertad de expresión, libertad política, ideológica, etc que se han invocado por la defensa» de Nuet.

Rechazan las testificales de Forcadell y Corominas

En la misma línea se ha manifestado también el fiscal de Sala Javier Zaragoza, que ha expuesto que «el acto parlamentario que se aparta de la genuina funcionalidad y se convierte en el vehículo para desobedecer lo resuelto por el Tribunal Constitucional no es un acto amparado por el derecho, sino ilegal». El Ministerio Público acusa a Nuet de desobediencia también por admitir, como miembro de la Mesa del Parlament, actuaciones contrarias a la Constitución a pesar de haber sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de haber recibido las advertencias del Tribunal Constitucional. Unas actuaciones con las que se habría buscado apoyar el proceso de independencia e instaurar la «constitución de la República».

La Fiscalía ha rechazado las testificales de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al ex vicepresidente, Lluis Corominas. La Abogacía del Estado no se ha opuesto.

El representante del Ministerio Público ha argumentado que rechaza estas testificales por la situación de ambos ex miembros de la Mesa, pues Corominas está condenado por desobediencia y tiene una sentencia pendiente de recurso de casación a resolver precisamente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Forcadell fue condenada por sedición en la sentencia firme del procés que se encuentra pendiente de la resolución del recurso de amparo ante el Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si su defensa lo estima conveniente.

Nuet: «Las dudas de inconstitucionalidad no sólo las tenía yo»

Por su parte, Nuet ha defendido su inocencia. Ha afirmado que las leyes independentistas que llegaron a la Mesa del Parlament plantearon muchas dudas sobre su constitucionalidad. Ha afirmado que «las dudas de inconstitucionalidad no las tenía sólo yo, sino también el letrado mayor de la Cámara». «Yo nunca tuve la sensación de que los letrados me advirtieran, de forma severa, de que los textos o una parte de los textos evidentemente eran inconstitucionales», ha defendido a preguntas de la Fiscalía y ante el tribunal compuesto por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, como presidente y ponente, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Susana Polo y Eduardo de Porres.

«No tenía yo ninguna intención política de permitir que esa línea acabara en una ruptura de la Constitución». Ha defendido que, durante el debate para tramitar o no resoluciones, «en ningún momento lo asocié con una decisión para romper con la Constitución».