Cuatro años sin Juan Pablo Pernalete. José Gregorio y Elvira Pernalete no han pasado un solo día desde el trágico 26 de abril de 2017 sin pensar en aquel joven idealista que perdió la vida en una manifestación por la libertad en Venezuela. Tenía 20 años.

Hasta que llegaron las restricciones por el coronavirus, los padres de Juan Pablo Pernalete iban cada semana al cementerio a recordar a su hijo. Llevan tiempo sin poder hacerlo. Este lunes rezarán un rosario en familia.

Su lucha continúa. Llevan cuatro años intentando que se haga justicia. «No vamos a descansar hasta que quienes tuvieron que ver con el asesinato de Juan Pablo, desde el presidente hasta quien usó el arma, salgan a la luz y paguen por lo que hicieron», decían a El Independiente meses después de la muerte de Juan Pablo y siguen lanzando el mismo mensaje.

En un comunicado hecho público este lunes, José Gregorio y Elvira Pernalete denuncian que su hijo «fue víctima del Plan Guaicaipuro y del Plan Zamora, activado este último directamente por Nicolás Maduro el 18 de abril de 2017».

No fue una acción aislada

«Nuestro hijo no murió como consecuencia de una acción aislada que un funcionario de la Guardia Nacional haya ejecutado… fue víctima del uso sistemático y generalizado de la fuerza de manera excesiva y no diferenciada en el control del orden público, como herramienta para ejecutar la política de ‘silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno del presidente Maduro’ que alentó contra personas que ‘demostraron su desacuerdo con el gobierno o fueron percibidas como contrarias a él’, como estableció la misión internacional independiente de la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas», señalan los padres de Juan Pablo Pernalete en el comunicado.

Juan Pablo estudiaba contaduría en la Universidad Metropolitana y era un excelente jugador de baloncesto. Estaba a punto de hacer las pruebas como profesional. No militaba en ningún partido político.

A Juan Pablo le impresionó, como relata la periodista Carleth Morales en su libro 26 crímenes una crónica. Quién mató a la resistencia en Venezuela, el testimonio de un chico herido en una protesta que decía que había acudido porque en su casa no había para comer. «Si él salió, yo también puedo hacerlo».

El 26 de abril de 2017 las protestas de la oposición se dirigían contra las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que bloqueaban la Asamblea Nacional, dominada por los partidos contrarios al régimen de Maduro.

Fue con varios amigos a la protesta. Pasadas las 14.30 de la tarde Juan Pablo recibió un impacto mortal en el pecho. Lo llevaron al centro de salud Chacao. Murió poco después de llegar, a las 15.36. Era la trigésimo tercera víctima mortal de las manifestaciones de 2017.

La primera versión del gobierno de Maduro fue acusar a «pistoleros motorizados al servicio de la burguesía». Negó la intervención de la Guardia Nacional.

Los testigos apuntaban a que habían sido guardias nacionales los que habían arrojado la bomba lacrimógena que dirigieron al corazón de Juan Pablo. Y ahora ya lo reconocen, pero el régimen chavista trata de limitar la responsabilidad exclusivamente al guardia nacional que accionó la carabina Narinco Narg 38 con la que disparó la bomba lacrimógena NF01 38MM.

Justicia más allá del autor material

«Seguimos esperando a que sean juzgados y condenados, no solo quien accionó la carabina, sino también quienes idearon y ordenaron la ejecución de las políticas para sofocar a la oposición, es decir, el autor material y los máximos responsables en la cadena de mando», dicen los padres de Juan Pablo, en el cuarto aniversario de su asesinato.

El último fiscal ha imputado a nueve guardias nacionales «por el delito de homicidio preterintencional en grado de responsabilidad correspectiva», pero a los Pernalete eso les parece «una burla».

A Juan Pablo le dispararon de manera directa al pecho… la distancia no era mayor de 30 metros lo que permitió que la bomba lacrimógena actuara como un proyectil»

«A Juan Pablo le dispararon de manera directa al pecho. Ello se desprende de los  múltiples elementos que cursan en el expediente: el dicho de testigos; videos recogidos; la  herida de impacto en su pecho así como de diversas experticias, de las cuales también se evidencia que la distancia no era mayor a 30 metros, lo que permitió que la bomba lacrimógena actuara como un proyectil, sin bascular, tal y como nos lo han asegurado numerosos expertos.  Adicionalmente, es importante destacar que el manual de uso de dichas bombas expresamente indica que las mismas no pueden ser disparadas de manera directa contra  las personas, toda vez que ello puede resultar letal». señalan José Gregorio y Elvira Pernalete en el texto.  

Y añaden: «La calificación del Ministerio Público nos genera una preocupación adicional: ¿no seguirá realizando experticias que permitan individualizar al guardia que  disparó? Porque al hablar de complicidad correspectiva, pretendiendo utilizar esa calificación de manera incorrecta ya que a Juan Pablo no lo mató un tumulto, lo mató un  oficial de la Guardia Nacional Bolivariana siguiendo lo establecido en los ya nombrados  planes, parece que el Ministerio Público sugiere que no lo puede individualizar por lo que imputa a varios de ellos sin saber quién es el verdadero responsable».  

Fin de la impunidad

La privación arbitraria de la vida de Juan Pablo fue reconocida por la Misión  Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de Naciones Unidas y ha sido expuesta por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Instan al Estado a que «cese su actuación por ocultar la verdad y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Investiguen, juzguen y condenen a los responsables por los hechos que cometieron y no por hechos que ustedes han ideado para decir que se sigue un proceso penal cuando en realidad están procurando garantizar la impunidad». 

Los Pernalete no van a parar y confían en las instancias internacionales. «Hemos ido, e iremos, a todos aquellos espacios que nos puedan  ayudar a evidenciar la verdad y a responsabilizar al Estado por las violaciones de derechos  humanos de las que hemos sido víctimas. Todos los que han violado nuestros derechos  humanos son responsables por ello y la justicia los perseguirá siempre y en cualquier lugar,  porque los delitos asociados a estas violaciones y a los crímenes de lesa humanidad no  prescriben, y en ese sentido, la responsabilidad es individual».