España HABLA DESDE LA CÁRCEL AHMED, EL CIUDADANO ESPAÑOL QUE ESPERA LA EJECUCIÓN EN LA HORCA

Un español en el corredor de la muerte egipcio: “Tengo la sensación de estar en un cementerio”

El ministerio de Exteriores español no logra que la pena capital sea conmutada por cadena perpetua tras años de presiones a Egipto

Imagen del español de origen egipcio condenado en Egipto

Imagen del español de origen egipcio condenado en Egipto Carmen Vivas

“Estoy muy mal. Tengo la sensación de estar en un cementerio”. Quien habla, en conversación con El Independiente, es el ciudadano español que espera estos días el “paseíllo” definitivo hacia la horca. Durante los últimos años, el ministerio que dirige Arancha González Laya trató de presionar al régimen egipcio para evitar la ejecución. Una misión diplomática que ha acabado en fiasco. La pena capital de Ahmed el Saadany Ghaly, con nacionalidad española, ha sido ratificada y su familia advierte de que su final en el cadalso podría ser inminente.

Ahmed, de 49 años, lleva entre rejas desde diciembre de 2016 acusado de haberle descerrajado un tiro a uno de sus cuñados en la noche del 13 de diciembre de 2016 en la ciudad egipcia de Damietta, a unos 160 kilómetros al norte de El Cairo. Desde entonces, el hispanoegipcio ha negado cualquier implicación en el crimen y denunciado las torturas a las que fue sometido durante los interrogatorios.

“Tengo pensamientos suicidas. Malvivo en una celda de dos metros por dos metros que está siempre oscura, a cualquier hora del día”, lamenta Ahmed en una entrevista con este periódico desde la prisión de máxima seguridad de Liman Tora, integrada en el complejo penitenciario de Tora, en el sur de la capital egipcia, donde se hallan encarcelados cientos de opositores políticos y donde, entre otros, estuvo preso Mohamed Mursi, el presidente derrocado en 2013 y fallecido en 2019.

“El trato aquí es terrible. La comida es pésima y solo se me permite ver a un miembro de mi familia una vez al mes”, detalla Ahmed. “No puedo conciliar el sueño porque tengo miedo de que puedan venir y llevarme a la horca en cualquier momento”, desliza. Egipto fue, solo superado por China e Irán, el país con más ejecuciones a lo largo de 2020. Se aplicaron al menos 107 penas capitales, triplicando su cifra respecto al año directamente anterior.

Agotados todos los recursos

El pasado abril la corte de casación confirmó la pena capital dictada contra Ahmed, farmacéutico de profesión que vivió durante años en Alicante. “El tribunal ratificó la condena a pesar de la presión ejercida por el Gobierno español a través de su embajador para que le fuera conmutada la pena inicial por cadena perpetua”, reconoce su abogado. Su caso ha recibido ya el plácet del mufti, la máxima autoridad religiosa del país. Su aprobación es un mero trámite en el camino hacia la ejecución. Desde Exteriores, sin embargo, insisten en que «España sigue haciendo gestiones con las autoridades egipcias, en relación con la solicitud de evitar la ejecución de la pena de muerte, en caso de confirmarse en Casación».

El intento de rebajar su condena ha centrado durante los últimos años las gestiones de la diplomacia española

El intento de rebajar la condena ha centrado durante los últimos años las gestiones de la diplomacia española. El Gobierno reconoció en el Congreso de los Diputados que había solicitado oficialmente a las autoridades egipcias que conmutaran su pena capital. El ejecutivo aseguró que se habían desarrollado “gestiones de carácter político” y consulares y que el caso de Ahmed fue abordado en la última visita oficial a Madrid del ministro de Asuntos Exteriores egipcio. Además, se llegaron a emitir notas verbales para agilizar procedimientos y el cónsul asistió a las vistas orales.

González Laya trató el asunto al más alto nivel el pasado octubre durante una fugaz visita a El Cairo en la que se reunió con el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi y su homólogo egipcio Sameh Shukri. La titular de Exteriores reconoció entonces a este periodista que se seguían llevando a cabo movimientos para que Ahmed lograra, al menos, esquivar la muerte. El otro tema de la agenda, el cierre durante años de la planta local de Naturgy -la mayor inversión española en la tierra de los faraones-, se saldó dos meses después con la salida de la compañía española del país.

Ahmed, en una fotografía familiar antes de su arresto
Ahmed, en una fotografía familiar antes de su arresto E.I.

Consultadas por El Independiente, fuentes de Exteriores español admiten que “se han realizado numerosas gestiones consulares para procurar que El Saadany tenga la mejor situación en prisión”. “Se mantiene la comunicación con su familia y el abogado y se le hace entrega regularmente de material de lectura. Se le presta toda la asistencia consular posible dentro de las limitaciones propias de su condición de doble nacional”, agregan tras recalcar que ha sido visitado por el cónsul «hasta en siete ocasiones en la cárcel de Tora».

Desde su celda, Ahmed se queja del abandono que ha sufrido de las autoridades españolas y reconoce sentir nostalgia del tiempo que vivió en el levante español. Tiene muchas horas al día para pensar y rescatar pasajes de su biografía. “Recuerdo mi vida en España y la echo de menos. Me acuerdo del pueblo, de los amigos y de la libertad en España”, confiesa al borde del llanto. Ahmed llegó a España en 1988 huyendo, como otros tantos compatriotas, del servicio militar obligatorio.

“A los pocos días de llegar a Alicante, encontró trabajo y finalmente consiguió un contrato fijo en una fábrica de mármol en Novelda. Se consideraba de aquí”, admite uno de sus amigos españoles. Un accidente laboral -una losa de mármol de 1.100 kilos le destrozó el coxis y le dejó como secuela un 25 por ciento de invalidez- le hizo retornar a Egipto, con 32 años. Pasó cuatro años litigando con el seguro para que le reconocieran la invalidez y terminó por regresar a casa.

Imagen por satélite del complejo penitenciario de Tora
Imagen por satélite del complejo penitenciario de Tora HRW

La espera de Ahmed en Tora

Ahmed aguarda la ejecución en Tora, un gigantesco complejo penitenciario situado en el sur de El Cairo, junto al distrito de Maadi. El recinto está formado por varias cárceles, desde la de máxima seguridad de Liman Tora; la unidad de investigación de Tora; o la de «Al Aqrab» (“la cárcel del escorpión”, en árabe). Las condiciones -el hacinamiento, las vejaciones y la falta de higiene en mitad de una pandemia- varían según el penal pero llevan años en el ojo del huracán. En 2018, poco antes de su muerte entre rejas, la familia del ex presidente Mohamed Mursi las denunció. El islamista permanecía en confinamiento solitario durante 23 horas al día; era obligado a dormir sobre un suelo de cemento; recibía comida enlatada y en ocasiones podrida; y sólo había podido ver a su familia tres veces en los últimos seis años.

Un asesinato que él niega

De vuelta a su localidad natal, comenzó a regentar la farmacia familiar y estableció una familia. Tiene dos hijos adolescentes que, desde el corredor de la muerte, centran hoy su principal preocupación. Su existencia transcurrió en los quehaceres habituales hasta que en diciembre de 2016 la policía egipcia -a la que acompañan un sinfín de denuncias de derechos humanos- le señaló como el responsable del asesinato de su cuñado, guiado -alegan- por una enemistad que se había iniciado cuatro años antes a propósito de una disputa por la herencia.

Su entorno y el propio condenado denuncian que su proceso judicial ha estado marcado por la ausencia de las mínimas garantías. Desde el golpe de Estado que en 2013 aupó al poder al actual presidente, la justicia -convertida en un brazo ejecutor de la represión- ha despachado cientos de condenas a muerte en macrojuicios con confesiones arrancadas a golpe de torturas. Más de 60.000 personas han sido encarceladas por su activismo político desde 2013. “En todas las sesiones, el juez mandó callar a mi abogado. No le dejó hablar ni defenderme”, lamenta Ahmed, que renunció a su nacionalidad egipcia durante el proceso.

Frente a la denuncia de desprotección, la diplomacia española asegura que “desde 2009 convoca una subvención para asistencia jurídica de españoles condenados a muerte, dotada con 30.000 euros”. “El Saadany nunca la ha solicitado”, subrayan. “El Gobierno español ha manifestado y seguirá manifestando en todos los foros internacionales su oposición radical y expresa a la pena de muerte, en línea con el rechazo que despierta la pena capital en la opinión pública española”, añaden cuando se les interroga por sus acciones en este caso.

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