China (donde el número de ejecuciones es un secreto de Estado), Irán y Arabia Saudí son los países donde se ha aplicado más número de veces la pena de muerte en 2019, según el informe anual de Amnistía Internacional que se ha dado a conocer este martes. Sin embargo, hay esperanza ya que es el cuarto año consecutivo en el que desciende el número global de ejecuciones: 657 en 2019, el número más bajo registrado en diez años.

En China se calcula que se ha aplicado la pena capital a miles de personas, pero el régimen chino no es transparente, y menos en lo que se refiere a las ejecuciones. En Arabia Saudí las autoridades han ordenado la muerte de 184 personas. Es el mayor número de ejecuciones en un año registrado por la ONG internacional.

En Irán hubo al menos 251 ejecuciones en 2019; en Arabia Saudí, 184, entre ellos seis mujeres y la mitad del total, extranjeros; en Irak al menos un centenar y en Egipto, 32. Irak ha duplicado el número de penas de muerte. Es un país que vive y revive los enfrentamientos entre chiíes y suníes, y los conatos de una guerra soterrada.

La pena de muerte es un castigo aberrante e inhumano… La mayoría de los países así lo ha reconocido», afirma Clare Algar, de Amnistía Internacional

Clare Algar, directora general de Investigación, Incidencia y Política de AI. señala que “la pena de muerte es un castigo aberrante e inhumano, y no existen pruebas convincentes de que sea más eficaz que las penas de prisión. La inmensa mayoría de los países así lo han reconocido», quien destaca que es «alentador» que el número se vaya reduciendo.

En sentido contrario a la tendencia global se sitúa Arabia Saudí, donde se recurre a la pena de muerte como una forma de silenciar a la disidencia política, según señala el informe de Amnistía Internacional.

El hombre fuerte de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, ha intentado presentar a su país como una nación en vías de modernización. Sin embargo, crímenes oscuros como la muerte del periodista Yamal Kashoggi, en octubre de 2018 en Turquía, a manos de los servicios secretos saudíes muestran la cara más siniestra de este régimen. Muchos de los ejecutores de este asesinato fueron condenados pero no se ha desentrañado quién ordenó la muerte del disidente.

También se ejecuta a los opositores en el régimen de los ayatolás, que vivió a finales de 2019 jornadas de intensas protestas en las calles, debido a la corrupción rampante y a la deteriorada situación económica.

Al igual que China, Irán, Corea del Norte y Vietnam restringen el acceso a la información en lo relacionado con las ejecuciones. Son unos 20 países los que aplican la mayor parte de las ejecuciones en todo el mundo. Entre ellos, además están Yemen y Sudán del Sur.

En Arabia Saudí la mayor parte de las penas de muerte se aplican por delitos de tráfico de drogas o asesinatos, pero cada vez son más las ejecuciones de miembros de la minoría chií a los que suelen condenar por «terrorismo». En el informe aluden a la ejecución masiva de 37 personas el 23 de abril de 2019. Entre ellos estaba Hussein al Mossalem, que sufrió tortura en prisión. Amnistía Internacional considera que su juicio fue «politizado».

Ejecuciones en secreto

Amnistía Internacional recuerda el caso de dos jóvenes iraníes Mehdi Sohrabifar y Amin Sedaghat, que fueron ejecutados en la prisión de Adelabad en Shiraz (provincia de Fars), el 25 de abril de 2019. Habían sido arrestados con tan solo 15 años, acusados de violación. Fueron juzgados sin garantías. Había señales de latigazos en sus cuerpos.

En Irak se ha ejecutado al doble de personas que en 2018. Muchas de ellas estaban acusadas de pertenecer al autodenominado Estado Islámico. En Sudán del Sur, las autoridades ejecutaron al menos a 11 personas en 2019, el número más alto registrado desde la independencia del país en 2011.

“En todo el mundo se llevan a cabo ejecuciones en secreto. Desde Bielorrusia a Botsuana, y de Irán a Japón, muchos países llevaron a cabo ejecuciones sin avisar previamente a las familias, representantes legales o incluso, en algunos casos, a las propias personas ejecutadas”, afirma Clare Algar.

Hay señales positivas. Por primera vez desde 2010 no se llevaron a cabo ejecuciones en Afganistán. Esta nefasta práctica se ha dejado de aplicar en Taiwán y Tailandia, donde hubo ejecuciones en 2018. Tampoco se han registrado en Kazajistán, la Federación Rusa, Tayikistán, Malasia y Gambia.

En Estados Unidos, New Hampshire se ha convertido en el vigésimo Estado en abolir la pena capital. En California se ha establecido una moratoria. California es el estado con más condenados a muerte de la Unión. El gobierno federal ha amenazado con reanudar las ejecuciones, desafortunadamente.

Tampoco es alentador el panorama en las islas Filipinas comandadas por Duterte, donde se quiere volver a introducir este castigo para crímenes relacionados con drogas y corrupción. De la mano dura de Rodrigo Duterte dice mucho su amenaza de disparar a matar a todo aquel que se salte el confinamiento en esta crisis del coronavirus.

En todo el mundo, 106 países han abolido la pena de muerte de forma global y en 142 países no se aplica.

Para Clare Algar, es hora de ejercer presión sobre «los últimos verdugos para acabar para siempre con esta práctica inhumana».