Es el modelo que ha inspirado la ley. En Euskadi hace años que se puso en marcha y que ha dado resultados. El compromiso incluido en el proyecto de Ley de Memoria Democrática presentado ayer por el Gobierno plantea que sea la Administración quien lidere los procesos de identificación de desaparecidos durante la Guerra Civil y quien lleve a cabo procesos de exhumación de cadáveres de las víctimas. También que para ello habilitará mecanismos como una fiscalía especial, un banco de ADN y un censo oficial de víctimas. Se estima que en España existen aún alrededor de 2.000 fosas por localizar y en las que podría haber sepultadas cerca de 120.000 víctimas, en la mayoría de los casos, desde hace más ocho décadas.

Una de las ‘fosas’ con más víctimas enterradas es el Valle de los Caídos, en la que se encuentran los restos de 34.000 personas. En la inmensa mayoría de los casos fueron trasladados hasta allí sin autorización de las familias y tras ser exhumados de cementerios u otros lugares de sepultura. En el que fue principal símbolo de la dictadura ya fueron retirados los restos de Franco el 24 de octubre de 2019 y ahora se reubicarán los de José Antonio Primo de Rivera en un lugar no preferente del Valle. En las criptas y columbarios anexos se encuentran enterradas decenas de miles de personas, de las que cerca de un tercio ni siquiera han podido ser identificadas. En muchos casos alas criptas se encuentran en muy mal estado como para soportar un proceso de exhumación.

En el proceso que ahora se quiere impulsar con la tramitación de esta ley –pendiente aún de aprobación- se acelerarán los procesos para que las familias que lo deseen puedan retirar los restos de sus seres queridos. Hasta la pasada primavera Patrimonio Nacional tan sólo había otorgado autorización para la exhumación del Valle de los Caídos a poco más de medio centenar de familias, casi la mitad de ellas procedentes del País Vasco. De las 54 autorizaciones, 22 correspondían a restos de combatientes de origen vasco y otras cinco estaban a a la espera de una aprobación inminente.   

Estos primeros permisos han sido posibles gracias al respaldo dado desde hace años por las instituciones vascas a las familias, lo que ha acelerado la tramitación. El Gobierno de Pedro Sánchez había dejado en manos de las asociaciones de víctimas y de desaparecidos la gestión de este tipo de solicitudes, lo que ha complicado sobremanera poderlos llevar a cabo. Para poder completar el procedimiento se debe identificar identificar a la víctima, localizar el lugar en el que fue enterrado inicialmente, la fosa del Valle de los Caídos a la que fueron enviados posteriormente sus restos, acreditar el vínculo del solicitante con la víctima y garantizar ahora un nuevo lugar de sepultura al que ser trasladados. Un tramite complejo cuya ejecución requiere tiempo y conocimiento.

1.231 combatientes vascos

En Euskadi el Instituto Gogora ha respaldado a los demandantes a lo largo de todo el largo y complejo proceso. La identificación de las víctimas ha requerido no sólo consultas de archivos históricos, sino localizar cementerios desde los que fueron trasladados los restos y contrastar documentación, además de una ardua labor de investigación. En 2019 Gogora culminó la identificación de 1.231 combatientes de origen vasco que se encontrarían enterrados en el Valle de los Caídos. De ellos por el momento tan sólo se pudo identificar a 917. También se acreditó que apenas en 28 casos el traslado de los restos al Valle de los Caídos se hizo con autorización familiar.

La última fase de identificación promovida por la Administración vasca consistió en la recogida de muestras de ADN entre las familias que buscan los restos de sus seres queridos. Con la participación del laboratorio Biomics de la Universidad del País Vasco y la Fundación Aranzadi desde 2007 se han ido incorporando muestras hasta completar un banco de ADN con cerca de 600 perfiles genéticos almacenados. Información genética que permite cruzarla con las muestras recogidas en las distintas localización de restos que se vienen realizando en distintos puntos de Euskadi, Navarra y comunidades limítrofes en las que se descubren nuevas fosas.

El antropólogo Francisco Etxebarria es uno de los principales valedores de la labor de identificación y localización de restos que se viene realizando en el País Vasco desde hace años. Etxebarria también es hoy uno de los asesores del nuevo proyecto de ley con el que el Ejecutivo quiere dar un paso en la localización e identificación de desaparecidos de la Guerra Civil. De algún modo, el mecanismo que prevé la norma aún por aprobar establece que, como se ha hecho en el País Vasco, sea la Administración la que lidere el proceso de búsqueda e identificación e implique al conjunto de Gobiernos autonómicos en la tarea. Etxebarria ha estimado en entre 20.000 y 25.000 los restos de personas que se podrían recuperar en un periodo de entre 4 y 5 años.

Un banco de ADN

La conformación de un banco de ADN era una de las peticiones que se venía haciendo por parte de distintas asociaciones memorialistas. La dificultad para identificar restos óseos una vez transcurridas más de ocho décadas desde la Guerra Civil complica los procesos de exhumación de los desaparecidos. Es el caso de muchos de los restos que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos, cuyo mal estado de las criptas podría hacer inviable afrontar un proceso de exhumación. Por ello, la urgencia en la recogida de una amplia base de datos genéticos de las familias de desaparecidos se convierte en un aspecto esencial.

Desde el Instituto Gogora de Euskadi se han hecho llamamientos a las familias para que den el paso y registren su ADN para sumarlo a la base de datos. Además de sufragar el coste del proceso, desde la Administración vasca se ha colaborado para la conformación de bancos similares en otras comunidades autónomas, sabedores de que el tiempo se convierte en el mayor enemigo para completar la identificación de los desaparecidos. La muerte de los descendientes más próximos de los desaparecidos supone una dificultad.

Los expertos apuntan a que poder contar con los genomas familiares más próximos, fundamentalmente los referidos a la vía paterna, es de gran valor. El cromosoma ‘Y’ facilita más opciones de identificación, ya que permite vincular unos restos de una víctima hasta con un sobrinieto. En cambio, las posibilidades de identificación por la vía mitocondrial, la relativa a las mujeres, limita las posibilidades de identificación de unos restos. En ocasiones se trata de un hijo, un nieto o un sobrino que en nombre de la familia ha reclamado que su abuelo, su tío, su hermano, pueda descansar para siempre lejos del Valle, en el cementerio de su localidad, en el panteón familiar.