El Parlamento catalán ha aprobado hoy el decreto de creación del Fondo de Compensación de Riesgos creado por el ejecutivo catalán para avalar a los líderes del procés ante el Tribunal de Cuentas. El texto ha sido aprobado con el apoyo del bloque independentista y la abstención de PSC y Podemos, tras recibir el aval del Consejo de Garantías Estatutarias. Tanto Vox, como Cs y el PP han denunciado el texto como un ejemplo de malversación en la que se destinan fondos públicos para avalar a particulares ante la justicia.

El Fondo, dotado con 10 millones de euros por la Generalitat «protege a los servidores públicos como hacen todas las democracias del mundo» ha argumentado su autor, el consejero de Economía, Jaume Giró. Es una herramienta que complementa los riesgos que la Generalitat tenía cubiertos hasta 2017, ha afirmado Giró.

Las pólizas no cubren a la Generalitat

La socialista Alicia Romero, sin embargo, se ha preguntado por qué las pólizas de responsabilidad civil que tenía suscritas la Generalitat «desistieron de asumir algunos riesgos». Romero ha señalado que la respuesta está en las consultas del 9N y el 1-O para lamentar el desprestigio en el que han caído las instituciones catalanas.

Pese a ello, Romero ha anunciado la abstención del PSC, que había asegurado que votaría a favor del decreto si recibía el aval del CGE, porque «la aplicación del decreto no se ha hecho bien». La socialista se refería así al uso del ICF para avalar a los líderes independentistas. En términos similares se ha expresado la morada Susanna Segovia, quien ha asegurado que «entendemos lo que se ha hecho y por qué se ha hecho, pero no nos gusta el cómo» para explicar su abstención.

«Es un mecanismo que defiende la presunción de inocencia y restablecer el espacio de libertad, que permite hacer política en Cataluña sin miedo ni angustias» ha defendido Giró.

El Govern hace «un Lola Flores»

Para Vox, sin embargo, el único objetivo del decreto es evitar que los separatistas avalen con sus bienes particulares las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas. «España no nos roba, nos roban los independentistas» ha concluido Juan Garriga, asegurando que la Generalitat quiere que «los catalanes hagamos un Lola Flores», pagando entre todos lo que es «un problema de los separatistas. Cada catalán pondrá un euro per ayudar a 34 corruptos» ha concluido. 

«Estoy seguro de que acabarán respondiendo ante la Justicia por este abuso» ha advertido el líder de Cs, Carlos Carrizosa, que ya ha llevado el decreto a la justicia. El líder naranja a «agradecido» además el valor de los tres directivos del ICF que votaron en contra de entregar las fianzas. «Si todo fuera tan legal» ha añadido el popular Alejandro Fernández, «nadie habría dimitido, si todo fuera tan legítimo no estarían matándose entre ustedes».

Aval del Consejo de Garantías

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha avalado por unanimidad el decreto de creación del Fondo de Compensación de Riesgos, el instrumento ideado por el Govern para avalar a los líderes independentistas investigados por el Tribunal de Cuentas. El consultivo catalán considera que la Generalitat está habilitada para crear un instrumento de protección a sus servidores públicos, pero recomienda revisar los puntos 4.7 y 5 del decreto, así como la disposición transitoria.

En concreto, el CGE cuestiona las garantías ofrecidas a las entidades bancarias que actúen como avalistas de los cargos públicos y la fijación del contra aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Y aconseja modificar también la disposición transitoria que contempla la posibilidad de que sea el propio ICF el que emita los avales, como finalmente ha sucedido.

El aval del consultivo catalán llega cuando el decreto ha servido ya para que el ICF presentara ante el Tribunal de Cuentas la fianza de 5,4 millones de euros reclamada a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otra treintena de ex directivos de Exteriores de la Generalitat. Un aval que ha cuestionado la instructora de fianzas del propio Tribunal de Cuentas, que ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para aceptarla. Y que ha llevado a Cs a denunciar a la cúpula del Instituto de Finanzas por avalar con dinero público a los investigados por responsabilidad contable.

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