¿A quién beneficia el descrédito de la Justicia?

Las encuestas de Tezanos son de risa. No sólo dan una ventaja disparatada al PSOE, su partido. Sino que dicen lo que el Gobierno quiere oír en cada momento. Si el director del CIS fuera menos sectario y un punto más inteligente, de vez en cuando daría una satisfacción a la oposición, lo que otorgaría cierta credibilidad a sus sondeos. Pero le puede el carné. Al final, la cabra tira al monte. No es extraño que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella de Vox por presunta malversación de fondos públicos.

Hace unos días nos sorprendió con su barómetro del mes de julio, en el que una de sus conclusiones es que la mayoría de los ciudadanos está insatisfecha con la Justicia. En total, un 65,7% de los españoles ponen un suspenso a la administración de Justicia (sumando los poco y nada satisfechos).

Sorprende tal suspenso a la Justicia. Sobre todo, porque, unas semanas antes, en pleno mes de junio, una encuesta de Metroscopia (encargada por el Consejo General del Poder Judicial) decía justo lo contrario. Nada menos que un 68% de los encuestados percibía a la Justicia como la "institución que representa la salvaguarda y garantía de derechos y libertades". Ahí queda eso. Un 79% de los que contestaron afirmaron que no existe la posibilidad de sobornar a un juez. Y un 74% que los jueces son competentes y están bien preparados.

Es como si las dos encuestas se hubieran hecho en países diferentes ¿A quién creer? Admitamos que la cocina sociológica haya influido en el sondeo de Metroscopia para dar lustre al cliente. Pero, en el caso del CIS, la cocina merecería tres estrellas Michelin. Su punto es insuperable.

La ofensiva del Gobierno contra la Justicia comenzó hace meses al hacer único responsable al PP del bloqueo en la renovación del CGPJ. Continuó con la concesión de los indultos a los líderes del procés, contra el criterio del Tribunal Supremo. Después se cuestionó al Tribunal de Cuentas por empeñarse en no hacer la vista gorda con el aval de la Generalitat a las fianzas de 5,4 millones de euros por los gastos de promoción exterior de la república catalana. Continúo con las quejas de ministros ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma, contando aquí con la aportación del magistrado Conde Pumpido, que, en su voto particular, luego corregido, calificó a la mayoría de sus compañeros, que habían votado contra el Gobierno, de "legos" y "juristas de salón". Finalmente, el curso político se ha cerrado con una nueva andanada para forzar la renovación del CGPJ capitaneada por el presidente Sánchez, que ha acusado al PP de "incumplir con la Constitución".

Parece evidente que el Gobierno quiere trasladar al principal partido de la oposición la responsabilidad de que los ciudadanos tengan una imagen tan mala de la Justicia, cosa que pretende demostrar el barómetro del CIS.

El Gobierno lleva meses minando la credibilidad del Supremo, el Tribunal de Cuentas y el Constitucional. Pero el PP debería abandonar su posición maximalista y negociar ya la renovación del CGPJ

El PP tiene, sin duda, su parte de culpa en que haya un porcentaje elevado de ciudadanos que desconfíe de la Justicia. Pero, al menos durante la etapa más reciente, es el Gobierno el que, por diversas razones, está echando más leña al fuego del descrédito.

Vayamos a los hechos.

1º El Gobierno tiene todo el derecho a conceder indultos. Nadie lo discute. Pero perdonar las penas a los líderes del procés cuando éstos no sólo no se han arrepentido de su intento de golpe a la democracia, sino que han insistido en que lo volverían a hacer, hace que los ciudadanos crean que para la Justicia hay dos varas de medir: una para los políticos, y otra para el resto. En la práctica, el indulto significó una desautorización de una sentencia que fue acordada por el pleno de la Sala Segunda, donde, como todo el mundo sabe, hay magistrados de diversas tendencias ideológicas.

2º Hasta hace unas semanas, las sentencias -siempre recurribles- del Tribunal de Cuentas no se ponían en cuestión. Sus miembros actúan con criterios profesionales y han dado disgustos a diestra y siniestra. Pero hete aquí que sus conclusiones toparon con los intocables líderes del procés. Desde entonces, el ataque ha sido implacable, llegándose a cuestionar la independencia -eso lo hizo el propio presidente del Gobierno- de la consejera Margarita Mariscal de Gante por el pecado de haber sido ministra de Justicia en un gobierno de Aznar. Los independentistas se han subido a ese carro sin dudarlo y acusan al Tribunal de Cuentas de ser un órgano político al servicio del PP.

3º La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez era esperada con expectación. La sentencia del 14 de julio en la que se declaran inconstitucionales las medidas más duras decretadas por el Gobierno supuso un varapalo a la gestión del Gobierno durante la pandemia. En principio, la sentencia iba a ser incluso más dura, pero se pactó rebajar su contenido para lograr, al menos, un pacto interno de no agresión, cosa que fue inútil, como demostró el voto particular de Conde Pumpido. La división en dos del Constitucional y las críticas a esta sentencia son un mal augurio para los veredictos que se esperan en un futuro inmediato.

4º Nadie discute la necesidad de renovación de un CGPJ, que lleva casi tres años de provisionalidad. Más aún cuando una reforma legislativa a instancias del Gobierno le priva de una de sus potestades: el nombramiento de magistrados para ocupar plazas en el Constitucional, el Supremo o los TSJ.

El PP, que estuvo a punto de cerrar un acuerdo con el PSOE/Gobierno al menos en dos ocasiones, hace ahora un planteamiento maximalista. Pablo Casado condiciona el pacto a que se modifique el sistema de elección de los 12 miembros de la carrera judicial que forman parte del CGPJ.

El líder del PP corre un riesgo enorme por mostrar ante sus votantes que no está dispuesto a darle cuartel al Gobierno en nada. Una parte importante de los miembros del Consejo, nombrados a instancias suyas, comienzan a estar hartos de la situación y podrían, al menos hipotéticamente, presentar su renuncia, creando una crisis grave institucional. El presidente del Supremo y del CGPJ debió de transmitirle esa preocupación a Casado en un encuentro reciente. De ahí que Lesmes esté ahora haciendo funciones de mediador para intentar retomar unas negociaciones en las que el protagonista por parte del Gobierno es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Casado debería retomar la negociación porque su empecinamiento sólo tiene una causa política.

5º Preguntábamos a la luz de las dos encuestas, la del CIS y la de Metroscopia, cuál refleja mejor el sentimiento ciudadano. El Gobierno, y en menor medida el PP, están haciéndole un flaco favor a la Justicia al utilizar a magistrados y sentencias como campo de batalla.

Quien conozca de cerca el mundo de la Justicia sabe que la mayoría de los jueces son profesionales que cumplen con su función a rajatabla. Los hay, claro, prevaricadores, o demasiado inclinados a seguir su olfato político, pero son excepción.

Si eso no fuera así, no se hubieran dilucidado casos tan importantes como los GAL o Filesa (con gobiernos del PSOE), ni la Gürtel (con Rajoy en Moncloa). La Justicia es independiente y actúa cuando tiene que hacerlo. Recientemente lo ha puesto de relieve con el intento de secesión en Cataluña. La Justicia es el último valladar en la defensa del Estado de Derecho. Ningún partido debería cuestionar este hecho incontestable, porque los únicos beneficiarios de su desgaste son los que no creen en la democracia.