Un juez de Madrid ve "caracteres de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores" en la querella que presentó la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el exministro Salvador Illa y contra los "corresponsables" del Ministerio de Sanidad por el reparto de mascarillas supuestamente defectuosas entre el personal de distintos servicios del Sistema Nacional de Salud en la primera ola del coronavirus.

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, se ha dirigido a la Fiscalía para que informe sobre si el Juzgado sería competente para iniciar una investigación o debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dado que Illa ahora es diputado en el Parlamento catalán.

El juez también ha instado al Ministerio Público a que se pronuncie sobre la procedencia de admitir a trámite o no la querella que se presentó el 23 de abril de 2020. Es la primera decisión que adopta después de incoar diligencias previas para "determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado" puesto que aún no están determinadas, según se expone en un auto del pasado 30 de agosto al que ha tenido acceso El Independiente. Así, una vez se pronuncie la Fiscalía, el juez decidirá si abre una investigación o se dirige al TSJ de Cataluña instando a que lo haga.

Tras pronunciarse el Supremo

En la querella que presentó CESM en abril, se denunció un posible delito contra los derechos de los trabajadores por el reparto de una partida de mascarillas del tipo FPP2 de la marca Garry Galaxy, modelo N95, que se repartió entre los profesionales del Sistema Nacional de Salud y, según denuncia el sindicato, resultaron ser defectuosas y pusieron en peligro la salud del personal sanitario durante la primera ola del coronavirus. "No superaron el protocolo de Sanidad", explican desde los servicios jurídicos del sindicato.

Desde CESM se consideró que hubo una "actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el conocimiento de su idoneidad". De ahí que interpuso una querella criminal contra el exministro Illa y contra los demás "corresponsables" ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo descartó, en un auto, iniciar una investigación contra Illa por tales hechos, pero instó a que se investigaran los hechos y los posibles responsables de éstos en el Juzgado donde correspondiera investigar los delitos contra los derechos de los trabajadores.

Ahora, el titular del Juzgado 14 de Madrid inicia unas diligencias previas para comenzar con las averiguaciones, pero puesto que la querella se dirigía en primer lugar contra Illa, se dirige a la Fiscalía para ver si procede proponer que se le investigue y, en ese caso, si habría que dirigir la petición al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el que está aforado el exministro como diputado por Barcelona.