Los magistrados de la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña) han decidido no entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para ser juzgado por sedición y malversación como solicita el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los jueces suspenden la decisión de la extradición hasta que haya una respuesta a la cuestión prejudicial del juez del procés ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y le dejan en libertad sin medidas cautelares, «reconociendo que mantiene la inmunidad parlamentaria en todos los estados de la Unión Europea mientras continúa el procedimiento prejudicial», según traslada su defensa a El Independiente.

Así lo han acordado después de escucharle este lunes en una vista de extradición a la que ha acudido acompañado de sus abogados en España e Italia, Gonzalo Boye y Agostinangelo Marras. La Fiscalía de Sassari interesó suspender el procedimiento de extradición de Puigdemont hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que planteó Llarena para saber si podía pedir su entrega una vez que Bélgica denegó la del exconsejero también procesado y fugado Lluis Puig, así como hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre si procede devolverle la inmunidad parlamentaria como medida cautelar, como solicitó el pasado viernes. La defensa de Puigdemont se adhirió a la petición de la Fiscalía italiana y finalmente el Tribunal de Apelación sardo les ha atendido, suspendiendo la entrega.

El juez pidió suspender en lugar de archivar

La petición del instructor del procés queda así pendiente de la decisión de la Justicia europea. Precisamente en su último oficio enviado a los jueces italianos el pasado viernes, Llarena solicitó que se suspendiera el procedimiento en lugar de archivarse para poder recuperarlo cuando Puigdemont deje de ser europarlamentario.

Este lunes, el juez del Supremo insistió en que siguen activas las órdenes de detención contra los exconsejeros catalanes procesados a los que no ha podido juzgar por haberse fugado, Clara Ponsatí y Toni Comín, que han acompañado al expresidente catalán en Cerdeña. Instaba así a Italia a que procedieran a su detención, igual que hizo la Policía italiana con el expresidente catalán el pasado 23 de septiembre cuando les saltó la alerta de la euroorden contra él.