El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado a un mes y quince días de inhabilitación y una multa de 540 euros por dar una patada a un policía en 2014, acusa a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (PSOE) de «arrogarse competencias propias y exclusivas» del Supremo y privarle del escaño haciendo una reinterpretación de la sentencia en la que se le condenó por atentado contra agentes de la autoridad.

Los abogados de Rodríguez, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, han presentado un incidente de nulidad (previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional) contra la sentencia dictada el pasado 8 de octubre y han solicitado que se suspenda su ejecución. En dicho escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, los representantes de Rodríguez acusan a Batet de «ilegalmente, reescribir la sentencia» del Tribunal presidido por el presidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena, en la que los letrados destacan que no se decía en ningún momento que la inhabilitación para el sufragio pasivo al que fue condenado supusiera la pérdida de su escaño, como afirma que exigió Vox. El diputado acusa a la presidenta de la Cámara de «actuar a espaldas de la Mesa del Congreso para dar satisfacción a la petición de Vox».

«La Excma. Sra. Batet i Lamaña acordó modificar la sentencia dictada por esta Excma. Sala siguiendo, y asumiendo como propia, la petición realizada en el
Congreso de los Diputados por el Partido Vox que pidió ‘que se adopten, de inmediato, los acuerdos necesarios que retiren y dejen sin efecto la condición plena de Diputado del condenado don Alberto Rodríguez Rodríguez, durante el tiempo que resta de la XIV Legislatura'».

Insta al Supremo a pronunciarse sobre la interpretación

La defensa de Rodríguez acusa a Batet en su escrito de «modificar» la sentencia «a pesar de la claridad de ésta», en la que considera que no se dice en ningún momento que Rodríguez tuviera que perder su escaño. «La Excma. Presidenta del Congreso de los Diputados, Doña Meritxell Batet i Lamaña se ha arrogado la potestad de sustituir la pena accesoria impuesta en la sentencia 750/2021 de “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena” por una de “privación del acta de diputado” que, entre otras cosas y no estando prevista en el ordenamiento penal, resulta ser de mayor intensidad y duración que la establecida por esta Ilma. Sala».

Con tal escrito, el diputado canario y sus abogados instan al Supremo a que se pronuncie sobre el alcance de su sentencia y que el presidente del Tribunal diga si entiende que Rodríguez debía perder el escaño o no. Un pronunciamiento que les daría armas para recurrir la condena que consideran injusta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde ya tienen puesta la vista.

Los abogados de Rodríguez piden al Supremo que suspenda la ejecución de la sentencia considerando que, si no se hace, se vulneraría su derecho a la defensa. «Se ha comenzado sin dar pie a que mi mandante pudiese acudir a los únicos remedios previstos en nuestro ordenamiento frente a sentencias dictadas en única instancia por esta Excma. Sala como es el preceptivo incidente de nulidad y, posteriormente, el consiguiente amparo constitucional que no forma parte de los remedios establecidos dentro del ámbito de la justicia ordinaria pero que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera como remedio eficaz a los efectos de agotar la vía interna previo a acudir a dicho órgano supraestatal.

Avanza que recurrirá ante el TC la decisión de Batet

En el escrito avanzan la intención de recurrir ante el Constitucional la decisión de Batet de privarle del escaño «ilegalmente» y «reinterpretar» o «modificar la sentencia. Batet decidió el pasado viernes, antes de retirar el escaño a Rodríguez, pedir una aclaración al Tribunal Supremo sobre el alcance de la condena que fue impuesta al diputado.

Previamente, el presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, le había pedido que indicara la fecha en la que comenzaría la inhabilitación para hacer la «liquidación de condena». Ante tal petición, Batet reunió a la Mesa del Congreso de los Diputados para tomar una decisión al respecto. Tras una bronca reunión que se extendió durante más de dos horas, la presidenta de la Mesa pidió la citada aclaración al Supremo, aunque se mostró a favor de retirar el acta al diputado considerando que la inhabilitación para el sufragio pasivo a la que fue condenado implicaba que perdiera su escaño.

Después de que el Supremo contestara a tal petición que «la inhabilitación es obligada» pero sin dejar por escrito en ningún momento que debía perder el escaño, puesto que la competencia para retirárselo es de la presidenta de la Cámara, Batet comunicó a la Junta Electoral Central y a la Secretaría del Congreso que su cargo corría al siguiente diputado en la lista.

«La Excma. Presidenta del Congreso de los Diputados, Doña Meritxell Batet i Lamaña se ha arrogado la potestad de sustituir la pena accesoria impuesta en
la sentencia 750/2021 de “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena” por una de ‘privación del acta de
diputado’ que, entre otras cosas y no estando prevista en el ordenamiento penal, resulta ser de mayor intensidad y duración que la establecida por esta Ilma. Sala», se puede leer en el escrito presentado en nombre de Rodríguez ante el Supremo.