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La Generalitat presenta un plan para que los niños hablen más catalán en el patio y las extraescolares

El Departamento de Educación denuncia que solo el 21% de los alumnos usa el catalán en las actividades de grupo, frente al 66.,8% en 2006

Alumnos de un colegio catalán EFE

El consejero de Educación, Josep González-Cambray ha denunciado hoy que el uso del catalán «cae en las interacciones entre los alumnos, una tendencia a cambio de idioma del profesorado y que esta situación se da también en los tiempos no lectivos». Una situación que González ha considerado «grave» y que se propone revertir con un plan a cuatro años que obligará a los 3.000 centros educativos de Cataluña a analizar la situación del catalán y promover acciones de formación tanto a los profesores como a las familias para reforzar el uso del catalán «en todos los ámbitos» educativos.

El consejero ha presentado los primeros datos de un estudio, elaborado sobre encuestas a alumnos de 4º de ESO de 50 centros, realizadas en 2006, 20013 y este año. Los resultados: el porcentaje de alumnos que se dirigen siempre al profesor en catalán ha pasado del 56% al 39,4% en quince años. En cuanto a las actividades en grupo, los que aseguran usar siempre el catalán con sus compañeros caen del 66% al 21,4%, aunque el porcentaje sube al 70% cuando se suman los que afirman utilizar a menudo esta lengua.

Respecto a los profesores, aumenta también el porcentaje de docentes que cambian de lengua, denuncia la consejería. En 2006 el 63,7% se dirigía siempre en catalán a los alumnos, un porcentaje que ahora se queda en el 46%.

González-Cambray ha advertido además que esa tendencia al cambio de lengua que es habitual fuera de la escuela «ha entrado en la escuela. Se da en tiempos no lectivos, en comedores, patios, extraescolares» ha enumerado el consejero, advirtiendo que «si detectamos una situación que no nos gusta tenemos que actuar».

Plan a cuatro años

De ahí, la presentación del plan que este curso se implementará en 200 escuelas catalanas y que en los próximos tres cursos se aplicará a un millar de centros nuevos cada año. El objetivo es «incrementar el uso del catalán y potenciar el rol del educador como promotor del catalán». En cada centro se creará un «grupo impulsor» que deberá analizar la situación del catalán en esa escuela o instituto, proponer medidas de impulso y modificar el proyecto lingüístico del centro si se considera necesario.

González-Cambray no ha concretado en qué consistirán esas medidas, aunque sí ha avanzado formación a los docentes y personal de las escuelas para evitar que se cambien a otras lenguas, así como formación a las familias para promover el catalán.

«La situación social del catalán es preocupante, por eso tomamos medidas con carácter inmediato. Es evidente que no se ha hecho suficiente en últimos años en la promoción del uso del catalán» ha advertido el consejero republicano. «El catalán es y seguirá siendo la lengua vehicular en todos los centros» ha añadido, porque el modelo de inmersión «ha contribuido a darnos esta identidad de pueblo, nos ha constituido como pueblo. Defender e incrementar el uso del catalán es defender el modelo de país que queremos».

Rebelarse contra las sentencias a favor del castellano

En este contexto, el consejero se ha referido a las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en los últimos meses ha anulado los proyectos lingüísticos de seis centros por no incorporar el 25% de materias en castellano. «Esta persecución judicial tiene un punto contra el que nos tendremos que revelar» ha advertido, acusando a «los tribunales» de querer «imponer políticas educativas».

En Cataluña «la autoridad es el Departamento de Educación» ha defendido, señalando que solo 81 familias han reclamado la aplicación de ese 25% de materias en castellano. El consejero ha defendido además que el TSJC contradice al Tribunal Supremo al exigir que se aplique ese porcentaje en todo el centro y no solo en la clase del alumno que lo reclama, y ha advertido de que esas sentencias están recurridas por lo que «no son sentencias firmes» y los centros no van a cambiar sus proyectos lingüísticos.

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