El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha denunciado hoy un posible «uso político» del asesinato de un niño en la localidad de Lardero a manos de un condenado por asesinato. «Esta persona estaba en libertad condicional, no tercer grado, puede haber algo de maldad y quizá uso político de tragedia» ha denunciado el ministro, después de que tanto sectores del PP como Vox hayan señalado como responsable al Gobierno, criticando la concesión del tercer grado al presunto homicida en contra del criterio de los servicios penitenciarios.

«Estamos hablando de que estaba en libertad condicional» ha insistido Marlaska visiblemente molesto por esta polémica. «Resolvió la autoridad judicial y no fue recurrido por el fiscal y todos actuando en el parámetro de la ley» ha destacado el ministro, quien ha reclamado además que «no podemos generar desconfianza en las instituciones en todo». «No podemos faltar a la realidad» ha repetido Marlaska.

Acuerdo de Mossos

Marlaska ha hecho estas valoraciones tras la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que Gobierno y Generalitat han acordado este viernes elevar la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 22.006 agentes, 3.739 más que la dotación actual del cuerpo. La Junta de Seguridad ha acordado además integrar los sistemas de datos de los Mossos y los cuerpos estatales en materia de violencia de género y ciberdelincuencia, así como ampliar las competencias de los mossos en tareas de vigilancia transfronteriza.

Unos acuerdos que tanto el ministro Fernando Grande-Marlaska como el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, han saludado con efusión ponderando la buena coordinación entre ambas administraciones. De hecho, Marlaska se ha felicitado por la participación del president Pere Aragonés en la reunión, algo que a su juicio «marca la relevancia de cooperación institucional en beneficio de ciudadanos».

«Con tiempo y superando obstáculos hemos sabido construir un modelo de cooperación y colaboración institucional ejemplar» ha asegurado Marlaska, que presidió su primera Junta de Seguridad en septiembre de 2018, un año después del referéndum del 1-O. «Hemos sabido tejer una red de colaboración policial útil y eficaz para garantizar protección de todos ciudadanos de Cataluña» ha asegurado el Ministro.

Crisis en los Mossos

Un acuerdo que el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ha saludado con evidente satisfacción y que permite al Govern desmentir las críticas de desatención a la policía autonómica, tras haber cedido a la CUP la presidencia de la comisión que debe redefinir el modelo policial catalán. El último cupo, de 2006, fijaba la plantilla de mossos en 18.267 agentes, lo que supone un aumento del 20% de la plantilla actual.

«Valoramos positivamente los acuerdos, son más mossos al servicio de la gente» ha valorado Elena. «Más medios, más información, más interconexión con polis del estado y de la UE, equiparándonos al resto de policías europeas.

Al margen de polémicas

El ministro del Interior, ha compartido este viernes la primera Junta de Seguridad de Pere Aragonés con una agenda que incluía como plato fuerte la ampliación de la plantilla de los mossos. El encuentro debía servir para tratar también nuevos mecanismos de coordinación entre los Mossos d’Esquadra y las fuerzas de seguridad estatales en ámbitos como la violencia de género y la ciberdelincuencia, que también se han cerrado.

Los responsables policiales han orillado cuestiones polémicas como la reclamación independentista sobre la Jefatura de Via Layetana. Oficialmente, la Junta de Seguridad debe centrarse únicamente en cuestiones operativas, como el aumento de la plantilla, pero es improbable que Aragonés se resista a reiterar su reclamación sobre la comisaría de Vía Layetana.

En el encuentro han participado también la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, Luis Fernando Pascual, recientemente designado jefe de la Policía en Cataluña, José Luis Tovar, máximo responsable de la Guardia Civil en esta comunidad, Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, y José Antonio Rodríguez. Junto a Aragonés y el consejero Joan Ignasi Elena, el número dos del departamento, Oriol Amorós, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, además del jefe político de la policía autonómica, Pere Ferrer, y el comisario Miquel Esquius.