El Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y las audiencias provinciales empiezan 2022 con una situación anómala e "insostenible", según la Sala de Gobierno del Supremo, por la falta de acuerdo entre los partidos del Gobierno (PSOE y Podemos) y el principal de la oposición (Partido Popular) para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tiene que nombrar a sus magistrados.

La cúpula judicial necesita una renovación importante porque sus miembros han cumplido su mandato, se han jubilado, han sido propuestos para otro cargo o han fallecido en los ya más de tres años que los principales partidos del Congreso llevan sin ponerse de acuerdo para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el CGPJ no puede designar a cargos discrecionales por la ley que le impide nombrar mientras esté en funciones.

La reforma de la Ley del Poder Judicial aprobada por PSOE y Podemos para impedir los nombramientos mientras no haya acuerdo de renovación deja ya 57 vacantes en los puestos más sensibles de los tribunales españoles. Doce de ellas en el Tribunal Supremo.

El alto tribunal necesita reemplazar a 6 magistrados en la Sala Tercera, 3 en la Sala Cuarta, 2 en la Sala Quinta y 1 en la Sala Primera

El alto tribunal necesita reemplazar a seis magistrados en la Sala Tercera o de lo Contencioso-Administrativo; a tres en la Sala Cuarta o de lo Social; a dos en la Sala Quinta o Militar y a uno en la Sala Primera o de lo Civil. El pasado octubre, su Sala de Gobierno emitió un informe en el que calificó de "insostenible" la situación a la que se llegaría el 31 de diciembre de 2021 si no había renovación, como ha ocurrido. Esa falta de acuerdo "va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año", advirtieron desde el alto tribunal sin provocar la menor incomodidad entre los líderes de los partidos, que han convertido el CGPJ en una de sus armas políticas arrojadizas.

23 plazas sin cubrir en los TSJ y 15 en las Audiencias

Los tribunales superiores de justicia no viven una situación mejor. Durante este tiempo se han generado hasta 23 plazas para sustituir a sus presidentes o los presidentes de las distintas Salas por final de mandato, cuatro jubilaciones y el fallecimiento de los presidentes de la Sala de lo Contencioso de los TSJ de Canarias y de Andalucía, César José García Otero y María Luisa Martín Morales.

Respecto a las Audiencias Provinciales, a 31 de diciembre los presidentes pendientes de nombrar ascendieron a 15. Ni siquiera la reforma legal permite reelegir a quienes probablemente se habrían mantenido en el cargo.

Recurso de inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado septiembre los recursos de inconstitucionalidad de Vox y Partido Popular contra la citada reforma legal, por lo que una sentencia de inconstitucionalidad podría tumbar la reforma y desbloquear los nombramientos.

Fuentes del tribunal de garantías consultadas por este diario no creen que la resolución sea próxima, por lo que confían en que los partidos mayoritarios lleguen a un acuerdo antes de que se resuelva el recurso, lo que además consideran respondería a la "necesaria normalidad democrática".

El Tribunal Militar Central, sin presidente

El pasado 27 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial acordó asumir con carácter extraordinario las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central ante la imposibilidad de nombrar a un nuevo titular después de que su presidente, Carlos Melón Muñoz, pasara a la reserva.

Actualmente, las plazas sin cubrir en la Jurisdicción Militar son seis: dos en el Tribunal Militar Central (su presidente y un vocal togado); un vocal togado del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona; otro del Tribunal Militar Territorial Quinto de Santa Cruz de Tenerife y dos plazas en el Juzgado Togado Militar Central número 1 de Madrid y el Juzgado Togado Militar Territorial número 12 de Madrid.

En el caso de la presidencia del Tribunal Militar Central, la Comisión Permanente del CGPJ acordó a finales de octubre avocarse sus competencias puesto que la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar establece que está formada por el auditor presidente y la totalidad de sus vocales togados en servicio activo, sin que quepa la sustitución de estos últimos. Puesto que el presidente y uno de los vocales pasaba a la reserva, no podía cumplirse con tal exigencia.

El acuerdo del órgano de gobierno de los jueces implicó que no asumirá las competencias disciplinarias militares. Para evitarlo, explicaron que "el presidente en funciones del Tribunal Militar Central elevará en cada caso concreto la correspondiente propuesta motivada de actuación gubernativa o disciplinaria para que la Comisión Permanente pueda adoptar el pertinente acuerdo".