El empresario Juan Muñoz Támara, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, ha reconocido en el juicio del caso Tándem que se celebra en la Audiencia Nacional que su hermano Fernando y él pagaron 20.000 euros en 2017 al comisario José Manuel Villarejo para que espiara al abogado y exjuez malagueño Francisco Javier Urquía.
Los empresarios llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para evitar la entrada en prisión a cambio de reconocer los hechos de su escrito de acusación. En éste se describe que los hermanos Muñoz contrataron los servicios de la compañía Cenyt del comisario para que encontrara información patrimonial y sensible de un socio suyo, Mateo Martín Navarro, y del abogado de éste, Urquía, con la que presionarles. Villarejo les ofreció un vídeo en el que el exjuez, apartado de la carrera condenado por prevaricación, aparecía esnifando cocaína en un baño con prostitutas, como ha admitido este lunes Juan Muñoz durante su declaración como acusado.
Martín Navarro, según ha explicado Muñoz ante el tribunal, se avino a atribuirse toda la responsabilidad de un delito contra la Hacienda Pública del pasado del que estaban acusados su hermano y su padre, “con el fin de que la familia Muñoz resultara beneficiada”, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal reconocido en sede judicial.
Dijo que trataría de hacerse con el vídeo en una comida
Dicha estrategia se truncó cuando comenzó a defenderle Urquía, que le recomendó que sólo asumiera su parte de culpa. Fue en ese momento cuando los hermanos Muñoz contactaron con Villarejo. Durante una comida con él, en la que plantearon su problema, el comisario todavía en activo "recordó que Urquía tenía debilidades, que había un vídeo que grabó el CNI en el marco de otras circunstancias que no vienen al caso y que no sabía si podría acceder inmediatamente a ese vídeo. Que creía que podría pero no tenía seguridad. La hipótesis de que se tuviese se consideraba que podía influir", ha declarado.
Poco después, Juan y Fernando Muñoz Tamara fueron a la oficina de la empresa de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid para contratar sus servicios, que consistirían en "obtener información patrimonial que desmontase la falta de insolvencia que el señor Martín Navarro manifestaba". Querían hacerle ver que "no podía modificar los acuerdos que tenía alcanzados y de los que venía respondiendo 10 años", según la declaración de Juan Muñoz.
En dicha reunión, a la que asistieron los hermanos Muñoz, Villarejo, su socio el abogado Rafael Redondo y el hijo del comisario, José Manuel Villarejo Gil -aunque éste no participó en la conversación, según Juan Muñoz- se expuso el vídeo de Urquía. "De forma sorpresiva aparece el material que reproduce Villarejo. Están las señoras, el señor Urquía…en una actitud…debía ser una reunión donde se consumen drogas y las señoras debían ser prostitutas. El vídeo molesta y se pide que se interrumpa. Se aborda la posible influencia que era conseguir que el señor Martín Navarro cambie de postura y vuelva a la postura razonable", ha explicado el empresario a preguntas de su defensa.
Según ha ahondado, una copia de dicho vídeo se entregó junto con los trabajos de Villarejo a Ricardo Álvarez Ossorio, abogado amigo de los hermanos Muñoz Tamara, aunque nunca se utilizó, según ha declarado el propio Ossorio también en sede judicial.
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