España Se reanuda el juicio de 'Tándem'

Los acusados del 'caso Villarejo' se debaten entre defenderse o guardar silencio con la nulidad en el horizonte

El comisario jubilado y la mayoría de acusados que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional consideran que la causa es nula y prospectiva, aspectos que el tribunal no despejará hasta que dicte sentencia

José Manuel Villarejo.

José Manuel Villarejo. EP

El año arranca con el primero de los juicios al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otras 24 personas que contrataron sus servicios privados de inteligencia y espionaje o colaboraron con él mientras continuaba en activo en la Policía. La Audiencia Nacional reanuda las sesiones de las vistas que quedaron interrumpidas en diciembre con las declaraciones de los acusados, que se sientan en el banquillo sin saber si será más beneficioso para ellos declarar y defenderse o guardar silencio y esperar a la sentencia para ver si el tribunal admite las razones de nulidad que ven en la causa.

Villarejo (para el que la Fiscalía pide 109 años de prisión) su socio, el abogado Rafael Redondo, y el resto de procesados por delitos de cohecho y revelación de secretos en las piezas Iron, Land y Pintor se enfrentan a la acusación del Ministerio Público. Los fiscales consideran que todos recurrieron al comisario cuando aún estaba en activo en la Policía en lugar de a cualquier otro tipo de detective para que realizara informes de espionaje e inteligencia valiéndose, supuestamente, de la información confidencial a la que podía acceder gracias a sus contactos en la Policía.

En este primer juicio se abordan los trabajos de la empresa Cenyt de Villarejo para tres clientes: los dueños del despacho de abogados Herrero & Asociados, que le contrataron para que espiara presuntamente a una escisión del bufete que montó la nueva compañía Balder IP Law; una de las hijas del empresario Luis García Cereceda para espiar supuestamente a su hermana de cara a la herencia familiar y los empresarios Fernando y Juan Muñoz Tamara, que habrían tratado de recuperar una deuda extorsionando al abogado del deudor, un exjuez malagueño, según la acusación del Ministerio Fiscal.

Invalidez de las pruebas

Se trata de las tres primeras piezas de la macrocausa Tándem alrededor de los negocios privados de Villarejo que llega a juicio. Tanto éstas como el resto de subdivisiones de la investigación en el Juzgado Central 6 parten de la información incautada al comisario cuando fue detenido en 2017 por una causa distinta: la ocultación del cobro millonario por un informe de inteligencia que realizó para uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, sobre los trapos sucios de su hermano.

La defensa del comisario, igual que la de la mayoría de acusados, sostiene que la macroinvestigación es prospectiva porque se le requisó toda la información que ha ido dando pie a cada una de las piezas de investigación por una causa que ni siquiera se investiga en la Audiencia Nacional. Además, Villarejo está seguro de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), concretamente su director Félix Sanz Roldán a quien considera su principal enemigo, alentó su detención. También que todos sus negocios privados mientras estaba en activo estuvieron permitidos y respaldados por sus superiores y el CNI tuvo conocimiento de sus empresas. De hecho, asegura que éstas fueron utilizadas para distintas operaciones sensibles que realizó como agente encubierto para distintos gobiernos. Ha aportado correos electrónicos para probarlo.

Los magistrados Ángela Murillo, Fermín Javier Echarri y Paloma González Pastor, a los que el comisario ha tratado de recusar, decidieron resolver la cuestión previa de nulidad planteada por distintas defensas en la sentencia, una vez celebrado el juicio.

Este hecho ha dejado a los acusados y a sus defensas con un gran dilema: si responden a las preguntas de los magistrados y se defienden, asumen la validez de las grabaciones y documentos requisados al comisario que son la base de la causa, a pesar de que consideran que todas han podido ser manipuladas y la cadena de custodia no se respetó en el registro inicial, así como que no se les ha permitido verlas hasta 2020. Si optan por no declarar descartando la validez de dichas pruebas y el tribunal no ve nulidad finalmente en la causa, habrán quedado en una situación de indefensión, según trasladan diversas fuentes jurídicas consultadas por El Independiente. A partir de este lunes, cuando vayan pasando por el banquillo de los acusados, se despejará qué decisión ha tomado cada uno.

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