El fiscal de la Audiencia Nacional que investiga los crímenes sin resolver de ETA, Marcelo de Azcárraga, considera que él único arrepentimiento verdadero o sincero de los terroristas de la banda que están en prisión es la «colaboración con la Justicia, como marca la ley». Un arrepentimiento que parta del reconocimiento de hechos en el procedimiento judicial, y no la firma de documentos redactados por los representantes legales en los que se lamenta el daño causado a las víctimas, lo que el investigador califica de «inventos». «Si no hay arrepentimiento, no lo hay, lo que no se puede es hacer inventos», reflexiona en conversación con El Independiente.

El Gobierno vasco ha abierto las vías para facilitar la progresión a tercer grado o regímenes de semilibertad a los presos de la banda terrorista ETA que se encuentren en cárceles de la región, cuyas competencias asumió hace tres meses el Ejecutivo de Íñigo Urkullu.

Este martes, la consejera de Justicia Beatriz Artolazábal anunció nuevas residencias para que todos los presos -no sólo los de la banda terrorista- puedan completar las penas en regímenes semiabiertos si se dan las condiciones de progresión de grado, así como nuevos talleres para que avancen en una «resocialización» que impulsará una recién creada Agencia de Reinserción Social con el fin de que las Juntas de Tratamiento de las prisiones hagan informes favorables a la semilibertad y los jueces de Vigilancia Penitenciaria -que deciden en último término- la autoricen.

En el caso de los terroristas presos (84 en las cárceles vascas después de los últimos acercamientos facilitado por el Ministerio del Interior), las intenciones del Gobierno vasco y de la izquierda abertzale chocan con la ley, porque ésta exige, además de un buen pronóstico de reinserción social, la petición de perdón o colaboración efectiva con la Justicia que implica un «arrepentimiento», como ha calificado el propio Colectivo de Presos de ETA. Hasta el momento, los presos han optado por firmar documentos redactados por sus abogados en los que afirman lamentar el daño o el sufrimiento causado a las víctimas, pero no han cumplido con los requisitos exigidos en la Ley General Penitenciaria (artículo 72.6).

«Ningún etarra ha colaborado con la Justicia, jamás»

«Ningún etarra ha colaborado con la Justicia. Nunca, jamás. Y han tenido muchas oportunidades», afirma contundente De Azcárraga, quien continúa asistiendo a juicios como acusador contra los miembros de la banda terrorista que asesinó a 864 personas; cometió 3.500 atentados y dejó más de 7.000 víctimas hasta el anuncio del cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011.

Precisamente la Fiscalía, junto con las Juntas de Tratamiento de las cárceles, presenta informes en los que expone las razones a favor o en contra de la progresión de grado de los presos en base a la ley. También tiene la posibilidad de recurrir el pase de grado si considera que no se han cumplido los requisitos (aunque el número de recursos de la Fiscalía ante los jueces de la Audiencia Nacional es muy bajo respecto al total de concesiones).

El fiscal explica qué exige la ley respecto al arrepentimiento mencionado, muy distinto de las opciones por las que han optado los etarras. «El arrepentimiento debe ser un acto de contrición, de pedir perdón, no de firmar un papelito. Hasta ahora lo que han hecho es presentar documentos redactados por sus abogados con distintas fórmulas: la de decir que si pudieran reparar el mal causado lo harían, cuando no está en su mano; que si pudieran indemnizar a las víctimas las indemnizarían, cuando no es posible porque se declaran insolventes; o que si volvieran a nacer no harían lo que han hecho, cuando imposible comprobarlo».

«En la práctica, la única forma de arrepentimiento es la colaboración con la Justicia, pero no hacer como los de la ‘Vía Nanclares’, que dicen que van a colaborar y luego vienen al juicio y dicen que no se acuerdan de nada», reprocha con claridad el fiscal. «La actuación de los etarras en el proceso judicial, la declaración en el juicio, tiene que marcar el inicio del arrepentimiento. Si no es así, no hay arrepentimiento verdadero ni sincero». La ‘Vía Nanclares’ fue un proyecto de reinserción emprendido en 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que anunciaron su adhesión una treintena de etarras, entre ellos algunos de los ideólogos de los asesinatos más sangrientos de la banda, como José Luis Álvarez Santacristina, ‘Txelis’ e Idoia López Riaño, ‘la Tigresa’. Con dicha vía se buscaba, con el fin legítimo de la reinserción de los presos, que los etarras se comprometieran a alejarse del entorno de la banda, renunciaran públicamente a ésta y al uso de la violencia, pidieran perdón a las víctimas, comprometiéndose a indemnizarlas, así como, primordialmente, colaboraran con la Justicia en el esclarecimientos de las causas. Un objetivo que De Azcárraga cree que no se cumplió.

Juicio a Soledad Iparraguirre ‘Anboto’ en la Audiencia Nacional. EFE.

El artículo 72.6

El texto del artículo 72.6 en el que se especifican los requerimientos para progresión a tercer grado de los terroristas dice lo siguiente: «Del mismo modo, la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades».