El Gobierno pretende movilizar en la primera mitad del año unos 24.667 millones de euros a través de concursos, convocatorias y licitaciones vinculados a los fondos europeos ‘Next Generation EU’, de los que unos 2.600 millones corresponden a remanentes sin ejecutar de 2021, según han informado fuentes gubernamentales. De este total, las empresas, incluyendo las pymes, van a ser beneficiarias de más de 16.500 millones de euros, por lo que suponen el grueso a quienes van dirigidas estas convocatorias, según destacan desde el Ejecutivo. También los ayuntamientos serán actores clave en esta primera mitad de año, ya que serán destinatarios de más de 6.000 millones de euros.

Serán las convocatorias y licitaciones del Plan de Recuperación ligadas a la transición energéticas las que mayor volumen de fondos acapararán, con un total de 7.421 millones de euros -el 30% de los fondos-, seguidas de las vinculadas a la movilidad sostenible, que aglutinará 7.223 millones de euros -el 29,3%–. Asimismo, destaca el área de digitalización, crecimiento y competitividad industrial, que suman más de un 20% de las nuevas convocatorias, con unos 8.100 millones de euros.

La información tiene su origen en las estimaciones de los ministerios convocantes y puede experimentar ajustes de planificación a lo largo del semestre. Además, se recogen las estimaciones de convocatorias de las comunidades autónomas a partir de las transferencias y concesiones directas realizadas en 2021.

Así, el Gobierno irá actualizando la información sobre las convocatorias y la movilización de recursos a lo largo del año, confiando en que buena parte de este dinero llegue a la economía a final de año. Con todo, el Gobierno sostiene que se dan muy buenas condiciones para las perspectivas de crecimiento de la economía -para la que proyecta un alza del PIB del 7%- y para la creación de empleo, gracias a la velocidad de crucero que alcanzarán las reformas e inversiones incluidas en el Plan, cuyo impacto se espera mantener durante 3 años o más, informa Europa Press.

Para ello, el Ejecutivo mantiene su intención de presentar una adenda al Plan de Recuperación en la que se incluirán los préstamos a solicitar por el país, que en total pueden alcanzar los 70.000 millones de euros, según la asignación aprobada por Bruselas.

534 convocatorias

A 29 de enero de 2022, se han publicado un total de 534 convocatorias por valor de 19.708 millones de euros, de las que 325 corresponden a la Administración General del Estado -16.700 millones- y el resto corresponden a las comunidades autónomas -3.000 millones-. Del total de convocatorias publicadas, hay 303 por importe de 5.273 millones que están cerradas y están adjudicadas o en fase de adjudicación, mientras que 187 siguen abiertas por valor 7.734 millones de euros.

En la categoría próximamente, es decir han publicado ya anuncios y similares documentos administrativos de licitaciones o ayudas que se abrirán en breve, hay 44 convocatorias por un importe de 6.700 millones de euros.

El Gobierno ha confirmado también que está ultimando la publicación del registro dispuesto en el Real Decreto-ley para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene como objetivo que las empresas que quieran acceder a alguno de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) puedan hacerlo.

Con la inminente publicación de la primera convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte-VEC), el Ejecutivo trabaja para la confección de una orden ministerial donde se crea dicho registro, con el objetivo de que esté listo en tiempo y forma antes de que esta primera convocatoria vea la luz.

Von der Leyen felicita a España

Justo este lunes se ha conocido que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha felicitado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el «cumplimiento satisfactorio» de los primeros 52 hitos del Plan de Recuperación, lo que ha posibilitado, asegura, el desembolso de 10.000 millones de euros a España en 2021. Además, alaba la «calidad» del Plan y la «excelente cooperación» de España con la Comisión y espera que sigan las reformas, destacando de entre estas, la reforma del mercado laboral.

Y es que el desembolso de 12.000 millones de euros en ayudas del fondo de recuperación para España previsto para mediados de 2022 depende en gran medida de una de las reformas más importantes del mercado laboral que el Gobierno se ha comprometido a acometer con la Comisión Europea y que debe convalidar este jueves en el Congreso de los Diputados.

A falta de escasos días para su votación y sin tener atados los apoyos necesarios para sacarla adelante, el Gobierno prefiere no entrar en especulaciones de qué pasaría si finalmente la norma no es convalidada por el Parlamento. Así, el Ejecutivo mantiene su posición de que no contempla ningún otro escenario que el de la convalidación de la reforma acordada en diciembre con empresarios y sindicatos, por lo que ha vuelto a apelar a la responsabilidad de todos los grupos del arco parlamentario para que la nueva normativa laboral salga adelante.

Con un Ejecutivo de coalición y sin la mayoría absoluta en el Parlamento, el Gobierno trabaja a contrarreloj para lograr los apoyos en torno a esta reforma, apurando los tiempos para conseguirlos, con el objetivo de llevarla hasta el final.

Otras de las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación para este primer semestre del año es la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o la ley de reforma de los planes de pensiones de empleo, si bien se dejará para la segunda parte del año el aumento del periodo del cómputo para el cálculo de las pensiones y la subida de las bases máximas.

Entre los hitos en materia de reforma para el primer semestre de 2022 también destacan la ley telecomunicaciones, la Audiovisual, la modificación de la ley de ciencia o la culminación de la reforma de la Formación Profesional, que ya está en tramitación parlamentaria avanzada. Además, y entre las más polémicas, destaca la publicación del informe de los expertos para la reforma fiscal, o la entrada en vigor de la ley de vivienda.