La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella ante los Juzgados de Madrid contra los empresarios Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, y su socio Alberto Javier Luceño Cerón por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Los investigadores consideran que ambos se llevaron comisiones de casi cuatro millones de euros (inflando el precio real del producto un 148%) por suministrar mascarillas quirúrgicas al Ayuntamiento de Madrid en contratos a través de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA participada al 100 % por el consistorio.

Ambos, según la Fiscalía, inflaron el precio de las mascarillas en el momento en que más difícil resultaba adquirirlas por la alta competencia, justo al inicio de la pandemia. El «exagerado e injustificado» beneficio que les reportó la operación fue invertido en la compra de artículos de lujo como un yate, según la querella presentada ante los Juzgados de Madrid.

Según ésta, Abascal fue «la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», José Luis Martínez Almeida.

Rendimiento «injustificado»

La querella, que tiene su origen en una investigación abierta en noviembre de 2020, relata que «el 20 de marzo de 2020, en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios, el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA (participada al 100 % por el Ayuntamiento de Madrid) por el que esta se comprometía a garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal del Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y empresas dependientes».

«En torno a esa misma fecha -continúa la Fiscalía- los querellados Alberto Javier Luceño Cerón (en adelante, Alberto Luceño) y Luis Ramón Medina Abascal (en adelante, Luis Medina), actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) fabricado en China».

Según el documento, la relación de Abascal con un familiar del alcalde le permitió que le facilitaran directamente el nombre de la responsable del Ayuntamiento «a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones; esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones ulteriores se llevaron a cabo entre ésta y Alberto Luceño. Este se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya, a través de la cual se iba a realizar la importación. Asimismo, dijo actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista. Como resultado de las gestiones llevadas a cabo por Alberto Luceño, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid -como compradora- y la compañía malaya -como vendedora para adquirir» 1 millón de mascarillas KN95, 2 millones y medio de guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos Covid-19.

«Al hacerlo -según Anticorrupción- ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir». En total, las comisiones obtenidas por la venta de todo el material habría ascendido a 5,6 millones.