Josep Rius (Barcelona, 1974), portavoz de JxCat, es uno los 60 espiados con el programa Pegasus. Lo fue entre julio y octubre de 2019, cuando formaba parte del círculo de máxima confianza de Carles Puigdemont -había sido su jefe de gabinete en la Generalitat- y ejercía de enlace entre Waterloo, Lledoners y Barcelona. Un espionaje del que hace responsable al Gobierno, por acción u omisión y que reclama aclarar con una comisión de investigación y dimisiones.

Pregunta.- ¿Cómo descubrió que había sido espiado?

Respuesta.- La sospecha de que nos espiaban viene de tiempo atrás. En el 2017 cuando era jefe de gabinete del president Puigdemont ya recibíamos SMS extraños, con enlaces de la Seguridad Social, o en mi caso noticias relacionadas con Puigdemont, enlaces que después no funcionaban. También sabíamos por el contexto que el Estado podía utilizar estos métodos. Pero la confirmación de que en mi móvil me habían espiado la tuve hace un año.

P.- ¿Cómo establecen qué móviles debían revisarse a partir de la constatación de los primeros hackeos?

R.- Cuando supimos que el Estado podía estar utilizando este programa hicimos una lista de gente que debía comprobar su móvil. La tecnología de la que dispone Citizen Lab solo permite verificar los móviles Iphone, no Android, por tanto de la lista a partir de Puigdemont -gente de su entorno, cabezas de lista, portavoces, etc- se comprobó los móviles Iphone. Hacen un test que se envía a Citizen Lab, es un método muy protocolizado. En mi caso se acreditó que entre finales de julio y mediados de octubre de 2019 mi teléfono había sido infectado.

P.- ¿Qué podían obtener de su móvil en esas fechas?

R.- Eran fechas en las que yo hacía política a diario. Pero no solo política, hacía de enlace entre el exilio, los presos y el partido. Iba a Lledoners una vez por semana y a Waterloo cada una o dos semanas. Era una etapa en la que estábamos decidiendo la investidura de Pedro Sánchez, y por tanto el sentido del voto de JxCat.

P.- Estas fechas pueden tener sentido con la expectativa de reacción de la sentencia del Supremo, pero también un sentido puramente político.

Mi acción política se ve totalmente afectada. Pero, además, yo soy abogado y he participado en la estrategia judicial de Puigdemont

R.- Totalmente. La tecnología Pegasus te da un acceso total al teléfono, a los archivos, al micrófono, la cámara… Estábamos decidiendo qué hacíamos con la investidura, había unas personas que escuchaban y que podían trasladar esta información a otras personas. Mi acción política se ve totalmente afectada. Pero, además, yo soy abogado y he participado en la estrategia judicial de Puigdemont en reuniones con Gonzalo Boye. Esto afecta a otro derecho fundamental, el de una defensa justa. Durante esa época viajé, lo que significa que me espiaron en España, pero también en el extranjero y aquí hay otra extralimitación. Y con una tecnología que solo se puede vender a Estados y para espiar en casos de terrorismo o crimen organizado. ¿Yo soy un terrorista porque soy independentista? Es un caso de vulneración de derechos muy grave, no solo han espiado a políticos, también a periodistas, abogados, médicos.

P.- ¿Por qué están convencidos de que ha sido el CNI?

R.- Nosotros estamos convencidos de que lo ha hecho el Estado porque estas tecnologías solo se venden a organismos estatales. Las informaciones periodísticas de hoy confirman que hemos sido espiados. Algunos medios dicen que fuimos espiados con autorización del Tribunal Supremo, pero el TS ha negado que se haya autorizado un espionaje masivo. Lo que está claro es que esto lo ha hecho un organismo estatal, y que el CNI compró de esta tecnología. Pero no sé si el CNI es el único que dispone de esta tecnología. Y lo que está claro también es que el CNI reporta al presidente del Gobierno.

P.- ¿Descartan la posibilidad de que un grupo descontrolado dentro del CNI haya actuado por su cuenta?

R.- No, en absoluto. La experiencia nos dice que contra los independentistas se actúa mucho desde ese deep estate. Lo que no se puede descartar en ningún caso son las responsabilidades políticas y judiciales de que esto haya pasado.

P.- ¿Por eso este fin de semana señaló directamente a Pedro Sánchez como responsable último del ‘Caso espionaje’?

No es de recibo que ocho días después de que se destapó el escándalo el presidente del Gobierno no haya dado ninguna explicación

R.- Lo que no es de recibo es que ocho días después de que se destapó el escándalo el presidente del Gobierno no haya dado ninguna explicación. Solo ha salido la ministra de Defensa a decir que esto son secretos de estado. Cuando se vulneran derechos nadie se puede amparar en secretos de estado. Un estado que se llama democrático como el español no puede aceptarlo. Por eso pedimos una comisión de investigación.

P.- ¿Al margen de la Comisión de secretos oficiales?

R.- Si quieren constituirla que la hagan. Lo que queremos nosotros es una comisión de investigación que pueda verificar con estándares internacionales para aclarar hasta el fondo quién lo ha pagado, cómo se ha pagado -esto cuesta mucho dinero, los fondos reservados son 30 millones al año y 20 millones son estructurales-. Queremos saber si ha habido responsables judiciales que han permitido espionajes masivos, esto está fuera de toda legalidad.

P.- El ministro Félix Bolaños anuncio el domingo que se desclasificaría la información del CNI sobre este caso ¿por qué no es suficiente?

R.- Porque tiene que haber una investigación a fondo. No sé si ha sido el CNI, o sólo el CNI. Tiene que haber una investigación a fondo, con responsables del Gobierno pero también del aparato judicial, para aclarar lo que ha habido. Tiene que haber explicaciones ya, y ante un escándalo de esta magnitud las dimisiones son ineludibles. Cuando se produjo el escándalo del CESID dimitió el vicepresidente Narcís Serra.

Ante un escándalo de esta magnitud las dimisiones son ineludibles

P.- Dimitió años después de que estallara el escándalo. ¿Ustedes exigen dimisiones ya, sin esperar a las conclusiones de la investigación?

R.- Sí, inmediatamente. Hoy ha quedado confirmado que se ha espiado.

P.- ¿Llevarán el caso a los tribunales?

R.- Presentaremos querellas en España pero también fuera. Las querellas son a título individual y creemos que hay que actuar en otros sistemas judiciales al margen del español que nos dan garantías de que el terreno será neutral y el árbitro no estará comprado.

P.- ¿Esto significa poner querellas también en Francia, Bélgica, Suiza, Portugal y Alemania o acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

R.- La estrategia judicial se explicará los próximos días pero ya puedo avanzar que no focalizaremos la acción judicial en los tribunales españoles.

P.- ¿Que el Gobierno dé acceso a toda la información del CNI al juez que instruya el caso no es suficiente?

R.- Tiene que haber una comisión de investigación y explicaciones de todos los organismos involucrados.   

P.- JxCat ha anunciado que esto tendrá consecuencias en el Congreso, donde no votarán ninguna iniciativa del Gobierno. ¿Votarán en contra del decreto anti-crisis este jueves?

R.- Por descontado. No se puede dar apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno hasta que no den explicaciones y haya dimisiones. No es solo que lo pidamos nosotros, solo hay que hacer un repaso de las principales cabeceras internacionales. El caso lo destapa The New Yorker, el editorial del Whashington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Guardian… Cualquier democracia consolidada ante un caso así hace una investigación a fondo y se depuran responsabilidades desde el minuto uno. Aquí no está pasando, por tanto no podemos dar apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno.

No se puede dar apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno hasta que no den explicaciones y haya dimisiones

P.- Le señalo este decreto porque incluye medidas económicas de gran repercusión social, como el descuento en el precio de la gasolina.

R.- Que den explicaciones y asuman responsabilidades.

P.- ¿A 24 horas de la votación cual sería la salida del Gobierno para que pudieran votar a favor?

R.- Tiene que salir Pedro Sánchez a dar explicaciones y tiene que haber gente que dimita asumiendo responsabilidades. En España se ha espiado masivamente a miembros de la sociedad civil y líderes independentistas. Esto es inadmisible.

P.- ¿La dimisión debe ser de la directora del CNI o la ministra de Defensa?

R.- Las dimisiones deben ir en función de las explicaciones que den. Pero no descarto el máximo nivel de responsabilidad, porque lo que ha pasado es de máxima gravedad. Afecta a las bases del estado de derecho.

P.- ¿Si ERC decidiera finalmente apoyar el decreto del Gobierno se desestabilizará la coalición de gobierno en Cataluña?

R.- Creo que ERC está en la línea de exigir responsabilidades y confío en que seguirán haciéndolo por la gravedad de los hechos. Esto convencido de que mantendrá el máximo nivel de exigencia en esta cuestión.