A 15 días del plazo límite impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para la ejecución forzosa de la sentencia del 25%, ERC y JxCat siguen sin consensuar una posición conjunta. Junts ha trasladado este lunes al Pere Aragonès su propuesta: un decreto de desarrollo de la Ley de Educación de Cataluña para «blindar» la inmersión.

Mientras, los republicanos insisten en la reforma de la Ley de Política Lingüística pactada con PSC y comunes, de la que sus socios se descolgaron la semana pasada. Se trata de una fractura en una cuestión esencial para el Govern y el independentismo.

Tanto es así, que el propio Aragonès se ha implicado este fin de semana en las negociaciones a tres bandas con Junts y PSC para salvaguardar el pacto por lengua alcanzado el pasado 24 de marzo. La última propuesta de ERC pasa por explicitar en la nueva Ley de Política Lingüística que no se pueden fijar porcentajes en modelo educativo, tal como reclama el TSJC.

Junts apunta a la consejería de Educación

JxCat, sin embargo, se resiste a volver a la «foto» con PSC y comunes, en un pacto que fue denostado por Carles Puigdemont y Laura Borràs, porque reconoce el papel del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Y la llegada inminente de Borràs a la presidencia del partido ha desembocado en la ruptura definitiva de ese acuerdo.

Los de Puigdemont proponen ahora la redacción exprés de un decreto, que debería aprobar el Govern entre esta semana y la próxima. El texto propuesto deja en manos de la Consejería de Educación la validación de los proyectos educativos y lingüísticos de los centros. Una vía que protegería a los directores de centro de responsabilidades legales si no aplican el 25% en castellano.

«No podemos permitir que un tribunal regule la enseñanza en Cataluña» argumenta Josep Rius. El portavoz de Junts defiende además que «no hay ningún estudio jurídico independiente que demuestre que la reforma de la Ley de Política Lingüística servirá para preservar la inmersión lingüística».

ERC avisa: no nos quedaremos sin hacer nada

Desde ERC, sin embargo, defienden esta vía como la más eficaz para sortear la sentencia del 25%. Marta Vilalta, portavoz del partido, señalaba este lunes que para proteger la inmersión «debemos hacerlo con el máximo rango normativo posible». Esto es, con una ley, que contaría además con un amplio consenso en el Parlament.

ERC aboga por «aprovechar» esa reforma legislativa «para explicitar que no caben porcentajes en el modelo educativo». Y advierte que «si alguien no es capaz de volver a sumarse al consenso con estas condiciones lo tendrá que explicar muy bien».

Mientras, añaden los republicanos con la vista puesta en JxCat, «no nos quedaremos sin hacer nada». Una advertencia que abre la puerta a presentar la proposición de ley en el Parlament con socialistas y comunes, lo que supondría un cambio de mayorías trascendental cuando se cumple un año de mandato del gobierno independentista de Aragonès.

El calendario

Mientras, el calendario corre en contra de los intereses del Govern. El próximo 31 de mayo es la fecha límite fijada por el TSJC para aplicar la sentencia. Ese día, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, debe acreditar ante el tribunal el cumplimiento de la sentencia con órdenes a los centros catalanes para que apliquen el 25% en castellano. Si no lo hace, se expone a responsabilidades penales por desobediencia, con la amenaza de querellas explicitada tanto por la AEB como por Cs y Vox.

En este contexto, ERC baraja la posibilidad de convocar un pleno extraordinario esta semana para iniciar el trámite de la reforma de ley. Para que la proposición de ley pactada sea efectiva ante el TSJC, debería aprobarse por lectura única, lo que implicaría iniciar el trámite esta semana, para concluirlo con la aprobación definitiva en el pleno ordinario de la próxima.

Otra opción sería ampliar el pleno ordinario de la próxima semana, de modo que se votara la admisión a trámite en la primera jornada, y la aprobación definitiva en la última, cumpliendo las 48 horas preceptivas entre ambas votaciones.

Pero todos esos cálculos dependen del apoyo de JxCat y/o el PSC, para contar con la mayoría suficiente. La portavoz de los socialistas, Lluïsa Moret, aseguraba este lunes que no se cierran a modificaciones en el pacto alcanzado, siempre que respeten la diversidad lingüística acordada.