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El PSOE saca adelante su ley para abolir la prostitución con los votos del PP pero sin el apoyo de sus socios

La portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, en el Congreso.

La portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, en el Congreso. EUROPA PRESS

La proposición de ley para modificar el Código Penal en materia de proxenetismo impulsada por el PSOE saldrá adelante gracias a los votos a favor del PP y de Podemos, pero sin llegar a obtener el apoyo de los comunes ni de sus socios en el Congreso. El texto se tramitará en el Congreso tras reunir 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones. PNV, EH Bildu y PDeCAT han decidido abstenerse, mientras ERC, Junts y CUP han votado en contra. También ha votado ‘No’ Ciudadanos y Vox ha optado por la abstención.

Ha sido la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, quien ha defendido este texto que busca, según ha señalado que, después de «décadas» las mujeres «sean las únicas dueñas de su propia vida» y que la explotación de las mujeres no tenga espacio en la sociedad. «En democracia, las mujeres ni se compran ni se venden», ha declarado.

Durante su intervención, ha asegurado que su formación está dispuesta a «trabajar con los grupos que compartan el objetivo de acabar con el proxenetismo» en el país y ha criticado a aquellas formaciones que han tachado a las socialistas de «ingenuas» o «puritanas». «Sabemos a los que nos enfrentamos», ha declarado Lastra, antes de señalar que la explotación sexual supone «un negocio de miles de millones en el país».

Este discurso ha sido defendido también por la portavoz de Igualdad del PP, Marta González, quien se ha mostrado «cansada» de escuchar en otros partidos argumentos como que el de la prostitución es «un debate estéril», que debe «ser realistas» porque «la prostitución existe desde el comienzo de la historia» o «porque su erradicación es imposible y su existencia inevitable», que es «un mal menor que hay que tolerar para que los hombres tengan sus necesidades sexuales satisfechas» o que «también hay mujeres que consumen y hombres que la ejercen», entre otros.

«Millones de niños trabajan en el mundo y nuestra conciencia nos impide abogar porque se regule esa actividad», ha declarado la diputada del PP al respecto.

División en Unidas Podemos

El socio del PSOE en el Ejecutivo ha sido el único partido del grupo confederal en el Congreso que ha dado su voto favorable a los socialistas. Sin embargo, los representantes de En Comú Podem, a excepción del diputado Ismael Cortés, ha decidido votar que no a la tramitación de esta iniciativa al entender que la solución a este fenómeno no es una perspectiva «punitivista».

Al menos seis diputados catalanes de Unidas Podemos rompieron la unidad de voto del grupo en el Congreso y votaron contra la ley del PSOE que persigue la abolición de la prostitución. Seis diputados de los comunes (Jaume Asens, Aina Vidal, Gerardo Pisarello, Joan Mena, María del Mar García y Laura López) no apoyaron el texto del Gobierno, al entender que supone un «grave retroceso en los derechos de las mujeres». Un séptimo diputado catalán del grupo, así como los parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida, sí apoyarán tramitar la iniciativa del PSOE.

«Hoy vamos a votar NO a la ley abolicionista del PSOE. Porque es moralista, paternalista, punitivista, porque no escucha a todas las mujeres, no trae garantías, mezcla trata con prostitución y porque técnicamente deja mucho que desear», ha escrito en un mensaje en Twitter la diputada Aina Vidal, que asegura que la ley no escucha y da la espalda a las mujeres que se encuentran en esta situación, algunas voluntariamente.

«Hay que partir del respeto y de la valentía de escuchar a todas las mujeres. No queremos que las mujeres sean criminalizadas ni estigmatizadas, queremos escuchar y proteger», abunda Vidal en su explicación, en la que censura que la ley que propone el PSOE es sólo un endurecimiento del Código Penal, que no da herramientas para salir de la situación de prostitución y que provoca «inseguridad jurídica, sesgo ideológico al juzgar, moralinas, clasismo, culpabilización de familiares…».

El grupo parlamentario de Unidas Podemos alberga un debate intenso alrededor de este tema, con una parte posicionada en el abolicionismo y otra partidaria de la regulación. En este contexto, Yolanda Díaz ya había dado libertad de voto en esta cuestión.

Para la confluencia catalana del espacio confederal, la prostitución «no puede abordarse de espaldas a las propias mujeres que la ejercen», sino que cuestiones tan importantes deben abordarse desde la «valentía» y la consulta a este colectivo.

Por tanto, los comunes defienden que a la hora de votar se posicionan con las organizaciones de derechos humanos y alejada «de una mirada paternalista para abordar la prostitución», como a su juicio hizo recientemente Amnistía Internacional.

Sin el apoyo de los socios

Así, la portavoz de ERC en materia de Igualdad, Pilar Vallugera, ha asegurado que la iniciativa tiene «prohibicionismo y punitivismo como el de toda la vida» y ha reprochado al principal partido en el Gobierno que no aproveche la mayoría actual para reformar la ley de extranjería y evitar que las mujeres en situación irregular se vean abocadas a ser explotadas y que, además, en la actualidad les estén aplicando la ley mordaza.

«El punitivismo y la censura no transforman, solo traen más punitivismo», ha apuntado la representante de CUP, Mireia Vehí, antes de lamentar que el PSOE se esté «aliando con la derecha para criminalizar el porno y el trabajo sexual». También EH Bildu, a través de su portavoz en esta materia, Bel Pozueta, ha señalado que su formación no comparte «abordar una cuestión tan compleja únicamente desde la perspectiva punitivista» y ha explicado que el Código Penal no está «para imponer moralidad en torno a la sexualidad de una sociedad».

Para el portavoz de Igualdad de PNV, Joseba Agirretxea, esta «no es una cuestión de buenos y malos» o de personas «con mejor o peor moral» y ha lamentado que los socialistas planteen esta propuesta de ley de esta manera. En este sentido, le ha recordado que están en el Ejecutivo y que «tienen en su mano el Ministerio de Justicia y de Interior» con los que, a su juicio, podrían haber redactado una norma con «garantías, informes y avales y no deprisa y corriendo».

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