La jueza ha descartado la petición de la defensa de Marin Eugene Sabau, el vigilante de Securitas que tiroteó en diciembre de 2021 a tres compañeros de su empresa y a un agente de los Mossos que intentó impedir su huida, de quedar en libertad 24 horas antes de la fecha prevista para su eutanasia.

El conocido como "pistolero de Tarragona" quedó parapléjico al ser reducido a tiros por los Mossos después de asaltar a tiros la sede de su empresa en la ciudad catalana. La Audiencia provincial avaló la petición de su defensa de que se le practique la eutanasia, descartando paralizar el proceso de muerte asistida hasta que se celebre el juicio contra él en el que se enfrentaría a altas penas por delitos de homicidio en grado de tentativa, como pidieron sus víctimas. Éstas anunciaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a través del abogado José Antonio Bitos.

El abogado que representa a Sabau, Gerard Amigó, solicitó el pasado 16 de agosto a la jueza la libertad provisional sin fianza días antes de su eutanasia para "facilitar que pueda despedirse de sus familiares y allegados". La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Tarragona, Sònia Zapater, rechaza dicha petición en un auto hecho público este lunes, 24 horas antes de la fecha prevista para la eutanasia.

"No se advierte en qué medida la libertad provisional del investigado afectará a su situación personal o sanitaria. Si bien el Letrado instante alega que ello facilitará que pueda despedirse de sus familiares y allegados, dicho contacto con sus familiares está garantizado por el centro penitenciario, sin que por parte del Letrado se haya acreditado que se estén entorpeciendo o impidiendo estos contactos. Por otro lado, el hecho de acordar la libertad del investigado no alteraría en demasía su actual situación, dado que pasaría de estar ingresado en el Hospital Penitenciario de Terrassa a estar ingresado en otro Hospital ordinario donde recibirá las mismas prestaciones y cuidados sanitarios. Si bien lógicamente dejaría de estar sometido a vigilancia policial, no se advierte que esta circunstancia fuera a afectar de forma evidente su situación personal, pues su propia situación física le impide abandonar en este momento el entorno hospitalario", se puede leer en la resolución.

La Fiscalía apoya la excarcelación

En su auto, la jueza también ve riesgo de fuga del investigado en un hospital ordinario, donde "cualquier tercero, familiar o amigo, podría acceder fácilmente al mismo y facilitarle la huida". Aunque reconoce que "el previsible futuro que puede esperarle es cuanto menos sombrío, pues está sometido a un proceso de eutanasia para el que ya hay fijada fecha el próximo 23 de agosto de 2.022 o, en caso de renunciar al mismo, le espera un proceso judicial donde se le van a solicitar penas que, solo por los delitos de homicidio en grado de tentativa, pudieran elevarse a varios años de prisión; ello permite presumir la concurrencia de un riesgo de fuga muy elevado", continúa, recordando que "no ha manifestado en momento alguno su arrepentimiento por los hechos ni ha solicitado perdón a las víctimas, de donde se desprende una escasa voluntad por su parte de asumir responsabilidades por sus actos, al menos en el proceso judicial en el que está inmerso".

La Fiscalía, igual que la defensa de Sabau, ve que "han desaparecido los fines perseguidos con la medida cautelar de prisión provisional", pero la instructora discrepa. Aunque ve claro que no hay riesgo de que reincida ni que destruya pruebas "atendida la grave situación médica en la que se halla", sí ve riesgo de que le ayuden a marcharse a otro lugar sin vigilancia policial.