La Fiscalía ha presentado una petición de pena de 2os años y 9 meses de cárcel para el ex presidente del F. C. Barcelona Sandro Rosell, por un presunto delito fiscal. Rosell responde este viernes ante el juzgado penal 5 de Barcelona a un delito fiscal por defraudar a Hacienda 230.591 euros en su declaración de IRPF según el cálculo realizado por la Hacienda Pública euros en el ejercicio 2012.

En 2019 Rosell pagó a Hacienda 287.911 euros, correspondiente a la cuota defraudada (230.591 euros) y a los intereses de demora (57.320 euros). Pero la Fiscalía considera que la "operativa" orquestada por el ex presidente del Barça para evitar esos pagos constituye un delito contra la Hacienda Pública con el atenunate de reparación.

El ministerio público denuncia que Rosell desarrolló su actividad profesional a través de una empresa llamada TOC que, en realidad, “carecía de estructura empresarial” para prestar los servicios. En 2012, según el escrito de acusación, constaban como trabajadores cinco personas que realizaban labores de mantenimiento y limpieza en las oficinas y la segunda residencia de Rosell.

El expresidente del Barça "se sirvió de TOC" para "obtener rentas que no declaró". La empresa facturaba a clientes que, en realidad, recibían servicios del propio Rosell.

Denuncia a Villarejo

El juicio llega dos días después de que el expresidente del Barça una querella contra el excomisario, José Manuel Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y un agente del FBI para esclarecer si la causa que le mantuvo en prisión provisional casi dos años fue fruto de un montaje policial en el marco de la llamada Operación Cataluña.

La querella ha sido presentada en el juzgado de la Audiencia Nacional que ya investiga a Villarejo por el caso Tándem y se dirige también contra los inspectores Antonio Giménez Raso y Alberto Estévez.

Rosell, que fue investigado en este tribunal y posteriormente absuelto de blanqueo de capitales, pide investigar delitos de organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación y detención ilegal.

Aunque el empresario no se dirige contra la exlíder del PP catalán y actual senadora Alicia Sánchez-Camacho, considera que hay indicios que permitirían investigarla, de modo que deja al criterio del juez la decisión de dirigirse al Tribunal Supremo, órgano competente para investigarla al ser aforada.