La Generalitat no puede decretar la supresión de las asignaturas en castellano en aquellos colegios que ya las están impartiendo en cumplimiento de sentencias o cautelares dictadas por la justicia. Así se lo ha advertido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al gobierno catalán en un auto dado a conocer apenas un día antes de que el consejero de Educación, Josep González-Cambray, reúna a los directores de los 27 centros con medidas de este tipo.

"El uso mínimo del castellano, cautelarmente acordado, no resulta afectado por la prohibición de porcentajes establecida en el artículo 2.4 del Decreto Ley" aprobado la pasada primavera por el Govern. En este decreto se establecía la prohibición de aplicar porcentajes de lenguas para definir los proyectos lingüísticos de los centros. Una medida para imposibilitar la aplicación de la sentencia del 25% en castellano ratificada por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia catalán concluye que "no procede la revocación de las medidas cautelares decretadas" en respuesta a la denuncia planteada por dos alumnos de Primero de la ESO a los que se había suspendido la aplicación del 25%.

Filibusterismo jurídico

La número dos de Educación de la Generalitat, Patricia Gomà, ha tachado de "filibusterismo jurídico" el auto del TSJC y ha acusado al tribunal de intentar "alargar la aplicación" del 25% en colegios, "incumplimiento el nuevo marco normativo del que nos hemos dotado en Cataluña".

El Govern recrimina además al TSJC su cambio de postura respecto a los autos dictados en julio ante la petición de cautelares de la AEB, aunque lo cierto es que esos autos fueron dictados por la juez de guardia en turno de vacaciones. "Nos sorprende que ahora use este filibusterismo que no lleva a ningún lado más allá de generar inseguridad jurídica a los centros y discriminación respecto a unos pocos alumnos a los que se aplique a el porcentaje de castellano que no se aplica a ningún otro centro en Cataluña" ha asegurado.

Gomà ha reconocido que los dos autos conocidos este jueves sientan un mal precedente para la Generalitat en las diez peticiones de revocación de medidas cautelares que planteó el ejecutivo autonómico. Y ha anunciado que presentarán recurso. "Tenemos toda la razón jurídica para presentar un recurso que prosperará".

Esperar al Constitucional

La sala del contencioso considera que la medida cautelar firme decretada con anterioridad a la aprobación del decreto de la Generalitat no resulta afectada por la modificación del marco legal y defiende la necesidad de esperar a que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la constitucionalidad de esas nuevas leyes promulgadas por la Generalitat.

La decisión del TSJC afecta a tres centros que ya habían dejado de ofrecer ese 25% en castellano a los alumnos con sentencias favorables. Se trata de la escuela de primaria Turo del Drac de Canet de Mar y dos institutos de Barcelona y El Prat de Llobregat.

Paralelamente, González-Cambray ha desconvocado la reunión prevista para este viernes con los directores de los 27 centros con medidas judiciales que obligan a impartir al menos una asignatura troncal en castellano. Una reunión que la Asamblea por la Escuela Bilingüe temía que tenga como único objetivo presionar a esos directores para dejar de impartir clases en castellano.

De momento, solo ocho centros han dejado de impartir clases en castellano, pese a que tanto Cambray como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se han felicitado en las últimas semanas porque este curso "ningún colegio catalán aplicará el 25%".